En medio de fuertes cuestionamientos al Equipo Económico Nacional (EEN), por la falta de una rendición de cuentas clara sobre el uso de los fondos de emergencia, este
estudio vuelve a calificar como insuficiente a la transparencia del Presupuesto General de la Nación (PGN).
El documento otorga al país un puntaje de 46 sobre 100, lo que nos ubica en el sexto lugar en un listado de nueve países, solo por encima de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Si bien agrega que el puntaje paraguayo subió levemente en comparación con el 2017, este resultado da cuenta de que la administración pública sigue sin poner a disposición de la gente información oportuna y que los documentos publicados están incompletos.
El IBP recomienda al Gobierno Nacional elaborar y publicar un presupuesto ciudadano, realizar una revisión del plan de gastos a mitad de año y mejorar los informes de auditoría. Asimismo, sugiere incluir en el proyecto enviado al Congreso información sobre el riesgo fiscal, el desempeño macroeconómico y la deuda pública.
Días atrás, el ministro de Hacienda y titular del EEN, Benigno López, encabezó una rendición de cuentas ante el Senado sobre el uso de los USD 1.600 millones contemplados en la Ley de Emergencia para hacer frente al coronavirus. El titular del Fisco dijo que la ejecución llegó a los USD 925 millones y defendió el alcance de los planes sociales, pero los legisladores no quedaron conformes con las explicaciones y cuestionaron que se quiera recurrir a nueva deuda para financiar el plan de reactivación.
PARTICIPACIÓN Y CONTROL. El reporte internacional también califica ejes como la participación pública y la vigilancia dentro del proceso anual del PGN.
Con respecto al primero, el documento analiza el grado en el que el Gobierno le ofrece a la ciudadanía oportunidades para participar en el proceso presupuestario, como un mecanismo que garantice una mayor transparencia. En este aspecto, nuestro país recibió una calificación de 6 sobre 100, frente al 11 recibido en 2017, lo que nos ubica solo por encima de Venezuela en este ránking.
Finalmente, con respecto al control, el estudio da una puntuación de 50 sobre 100, lo que indica una leve mejoría con relación al 2017 (48 de 100). En este punto, se resalta la limitada vigilancia que ofrece el Congreso a la aprobación y ejecución del PGN.
