El abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, amplió una denuncia ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las escuchas
ilegales a detenidos en cárceles argentinas y pidió que se reclame al Estado Nacional la “destrucción de los registros” de esas comunicaciones.
Rúa solicitó que “se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino respecto de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios”, según el escrito al que accedió Télam.
En el texto remitido al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Diego García Sayán, el abogado argentino aludió a las nuevas denuncias por espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, conocidas en las últimas semanas,
Rúa había hecho ya una primera presentación, y ahora la amplió y reiteró un pedido de “intervención de esa Relatoría Especial, para que reclame del Estado argentino (i) toda la información necesaria respecto de la violación de derechos denunciada; (ii) la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad, que debe preservarse en todo momento, como un principio que hace a las garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio”.
También, mencionó los preceptos del Código de Ética para la abogacía y reclamó que “se promueva la investigación de las violaciones denunciadas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y se adopten medidas contra quienes aparecen como sus responsables”.
“En estos días se están haciendo públicas en nuestro país, distintas cuestiones que echan luz sobre la práctica de espionaje ilegal implementada por las autoridades públicas de entonces”, explicó el abogado, quien defiende a Amado Boudou, actualmente con prisión domiciliaria en el caso Ciccone.
En las denuncias “se dio cuenta así de las actividades ilegales de un grupo de tareas integrado por unos veinte agentes estatales de inteligencia”
Entre ellos, citó Rúa, “están los nombres que se conocieron estos días: Fernando Melo, abogado e integrante de la AFI hasta 2019; ‘el Turco’ Jorge Sáez, ex agente del Área 50 del SPF [sobre la que se volverá], con un hermano en actividad en Ezeiza, y Leonardo Arake. Ambos estuvieron en la Policía Metropolitana y luego pasaron a la AFI”.