Se cierra un capítulo de la era Mauricio Macri: el Gobierno comienza a desarmar los contratos PPP en seis corredores viales

title=”mauricio-macri” target=”_blank”>Mauricio Macri​: sin apuro, pero sin pausa, la actual administración busca desarmar el régimen de Participación Público Privada (PPP) y rescindir concesiones en seis corredores viales.

El primer paso lo dio días atrás el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; que, por orden expresa de Fernández, intimó a las empresas que en junio de 2018, en el marco del régimen de PPP contemplado por la ley 27.328, resultaron adjudicatarias de las licitaciones para llevar a cabo obras de infraestructura 3.500 kilómetros de rutas, focalizadas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Mendoza.

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Se trató de la primera etapa del ambicioso plan de Red de Autopistas y Rutas Seguras, con el que el macrismo se comprometió a hacer construir más 7.500 kilómetros de rutas.

Todavía en la oposición, sectores que hoy confluyen en el Frente de Todos se encargaron de cuestionar el régimen público privado que, según estimaciones oficiales, involucra un costo por alrededor de US$ 10.000 millones hasta el año 2033. Y ya en el oficialismo se apresta a darlo de baja: “El plan es excesivamente costoso ya que el 40 por ciento restante, unos U$S 4.000 millones, lo constituye el costo financiero”, es el planteo que hacen desde Vialidad Nacional.

La cifra podría ser todavía mayor, porque el costo financiero está atado al Riesgo País. Pero, además, los cuestionamientos también giran en torno a que “los contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación” y que podría “debilitar las reservas del Banco Central”.

Con esta premisa, desde que asumió, Katopodis pidió a su equipo de asesores que evaluara el régimen de PPP. Si bien la cuarentena demoró los plazos previstos inicialmente, en la intimación, que fue enviada el 27 de mayo desde Obras Públicas, se les pidió a las empresas que cumplieran con el incremento de las garantías y advirtió sobre la posibilidad de ejecutar la extinción de los contratos.

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Por otro lado, el dictamen que hacen en Vialidad Nacional también es contundente en cuanto al avance: “En términos globales la ejecución física del plan de obras no supera el 2%”.

Las obras fueron adjudicadas cuando el Gobierno anterior ya sufría la crisis económica y había recurrido a la asistencia del Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, la incursión en el esquema de PPP le permitía bajar el gasto desde el Estado sin detener la obra pública, una herramienta clave en términos de gestión, pero también electorales, de cara a lo que fue el intento de Macri de ir por la reelección.

La gestión anterior también apostaba a que la implementación de la modalidad de PPP en corredores viales le permitiera en destinar los recursos para construir rutas en aquellas zonas económicamente menos rentables.

La modalidad implicaba que la búsqueda del financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial posterior quedaban a cargo del sector privado.

A la crisis económica se le sumó otro obstáculo para la realización de los proyectos: tres firmas que integran las UTE a cargo de las obras quedaron envueltas en la investigación de la causa de los cuadernos de las coimas: son José Cartellone, Vial Agro y el Grupo Eurnekian. 

Por eso, el Gobierno de Macri, para incentivar la inversión privada en una economía fluctuante, introdujo varios cambios sobre la marcha: por caso, dispuso destinar a partir de enero de este año, la totalidad de los fondos destinados al Sistema Vial Integrado, fondeado por el impuesto al gasoil, para pagar los avances de las obras. En efecto, se trata de fondos (para 2020 se estimaron unos 40 mil millones de pesos) que están congelados desde enero y que podrían ser destinados -como originalmente fue pensado el Sisvial- a obras de infraestructura. De hecho, ahora en el Gobierno afirman que parte de esos fondos del gasoil serían utilizados para las obras que sean estatizadas.

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Según un reporte interno que hizo Vialidad Nacional sobre el avance de obras, “en algunos casos la parálisis es total”. “Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos”, apunta.

Con este panorama y ante el agravamiento de la situación económica, fuentes oficiales sostienen que las empresas no podrán cumplir con lo dispuesto por los distintos contratos acordados con cada Unión Temporal de Empresas (UTE) y que no habrá vuelta atrás en el camino para estatizar esos proyectos. “No es nuestra intención judicializar el tema pero es nuestro deber solucionar esta situación que heredamos, sin comprometer el patrimonio de todos los argentinos”, indicaron desde Vialidad.

Detalle de las obras bajo la lupa

Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Obras a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC.

Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Obras a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.

Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Obras a de Cartellone Construcciones Civiles SA.

Corredor E: abarca las Rutas N° 9, 11, 34 y 193, A-008 y A-012 (Circunvalación Rosario). Obras a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Corredor F: comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33. Obras a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Obras a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).

PDL