El Procurador General bonaerense Julio Conte Grande presentó una denuncia contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, ante el jurado de enjuiciamiento de la provincia por disolver una unidad
fiscal que investigaba a Pablo Moyano en la causa de los barrabravas de Independiente, entre otras supuestas irregularidades.
La solicitud dio así inicio a un proceso que podría terminar con la destitución de Ferrari y seguramente provocará otra pulseada entre Cambiemos y el kirchnerismo que apoya al fiscal de Lomas de Zamora.
Mientras la Suprema Corte bonaerense tiene en estudio desde diciembre el pedido de Conte Grand para suspender a Ferrari, que luego tuvo ampliaciones en febrero y marzo. El jueves se avisó al máximo tribunal bonaerense de la denuncia ante el jury. En diciembre del año pasado, cuando se recibió el primer pedido de suspensión, la Suprema Corte todavía era presidida Eduardo De Lázzari, un juez cercano al peronismo.
En su descargo, Ferrari negó las acusaciones y dijo que es víctima “de una persecución” por parte de Conte Grand.
En la provincia se forma un Jury para cada caso. Está integrado por 11 miembros que se sortean: 5 abogados propuestos por los Colegios de Abogados, 5 legisladores (que tienen que ser abogados) y el presidente de la Suprema Corte. El procedimiento luego es similar al del Consejo de la Magistratura de la Nación.
A Ferrari se lo acusa también de cambiar de destino a fiscales o enviarlas causas importantes a fiscales sin recursos en supuesto favor de políticos, jueces o policías acusados en distintas causas, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La principal acusación se refiere a que Ferrari desmanteló la Unidad de Coordinación para Causas de Delitos Complejos y Crimen Organizado que dirigía el fiscal Esteban Scalera. Esto implica, en los hechos, favorecer a los acusados en las causas de la barra brava de Independiente en general y a Pablo Moyano, en particular, los de La Salada y de varias que investigan quiebras fraudulentas y vaciamientos de empresas en los que estaban implicados jueces lomenses, entre muchas otras.
En paralelo, la defensa del hijo mayor de Hugo Moyano pidió la anulación del juicio contra los barrabravas por fraude contra Independiente y los K en la comisión bicameral de inteligencia pusieron en marcha una jugada para favorecer al vicepresidente de Independiente.
En abril la Procuración provincial revocó la disolución de aquella unidad especial y pidió a la Suprema Corte que licenciara a Ferrari, pero, aprovechando que la feria extraordinaria por la pandemia ignoró la resolución de su jefe, Conte Grand. Hasta la fecha sigue el desparramo de las causas que tenía la unidad de delitos complejos entre varias fiscalías ordinarias. Algunas fiscalías, aplicando lo resuelto por el Procurador, las rechazan pero -en realidad- nadie las tramita por la incertidumbre creada.
Los fiscales de la unidad de delitos complejos Scalera y Mirta Gianella, incluso, tienen prohibido el acceso a sus despachos.
Además, Ferrari amenazaba a sus subalternos, especialmente mediante sus estados de WhatsApp con imágenes, por ejemplo, del asesino serial Hannibal Lecter o de pirañas embalsamadas. Cuando la Procuración General recibió denuncias y comenzó a investigar los hechos, Ferrari trasladó y despojó de sus funciones a los que habían declarado en el sumario interno, “violando expresamente lo establecido por la Ley de Violencia Laboral” en defensa de denunciantes y testigos, señala la acusación.
Por otra parte, Ferrari, a pedido de Javier Raidan, el operador judicial del ex secretario de Justicia K, Julián Alvarez, propició el año pasado – apenas el Frente de Todos ganó las PASO- que se suspendiera el juicio contra un barrabrava llamado Juan Manuel Soto, acusado de homicidio, amenazas de muerte y coacciones.
Concretamente, Raidan solicitaba la suspensión del juicio alegando que hasta después de las elecciones de octubre no estaba garantizada la imparcialidad de los jueces. La presidente del tribunal oral extrajo copia del escrito de Ferrari y lo denunció ante la Procuración provincial. El sumario que se abrió por esa denuncia fue como la caja de Pandora: se empezaron a destapar muchos hechos de diversa índole, que a su vez dieron lugar a la apertura de otros expedientes.
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