El fiscal interino de la causa, Eugenio Ocampos, rectificó la imputación contra Alegre, con la descripción correcta de los hechos punibles por los cuales fue procesado. El ex
Además, la jueza citó al titular del PLRA para el próximo 16 de junio, a las 9.00, para la audiencia de imposición de medidas.
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En ese sentido, la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión, la prohibición de salida del país y una fianza real de G. 100 millones para cada uno de los procesados.
El caso tiene que ver con la investigación de una denuncia presentada por Silvio Concepción Martínez Mendoza, propietario de la estación de servicios Catedral (Puma), quien denunció en enero pasado la supuesta falsificación de una factura de combustible presentada por Alegre ante la Justicia Electoral.
De acuerdo con la denuncia, el documento en cuestión tiene que ver con una factura por G. 98 millones a nombre de la institución política, emitida en julio de 2018.
Por el caso también fueron imputados Pascual Benítez y Luís Moriz, administradores del PLRA, cuyos procesos ya fueron admitidos por la jueza.
Cuestionamientos a la Fiscalía
En una conferencia de prensa, el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos y Efraín Alegre cuestionaron el actuar de la Fiscalía ya que el documento de imputación no contaba con un relato sucinto de los hechos y constaba de solo dos líneas que formulaban la imputación.
La defensa de Efraín Alegre recusó este miércoles al fiscal Edgar Sánchez, quien estaba encargado de la causa.
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Duarte Cacavelos sostuvo que el fiscal Édgar Sánchez ya no era responsable de la investigación con respecto a estas facturas falsificadas y que el caso sería unificado con otras causas que están siendo investigadas en la Unidad de Delitos Económicos.
También señaló que la Fiscalía no explicó que las facturas fueron presentadas por diferentes personas y que, en todo caso, también debió imputarse a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que aprobaron la rendición en su momento.