Nada comunes

No son presos políticos, son políticos presos, y son presos comunes, pero con un régimen penitenciario muy fuera de lo común. Desde que los nueve procesados por el octubre negro del «procés»

fueron trasladados a cárceles catalanas –24 de junio de 2019– se dio por descontado que el cumplimiento de la condena no iba a ser ordinario: dentro de la ley, sí, aplicando el regimen penitenciario, sí, pero forzando las costuras de su interpretación hasta el privilegio, como demuestra la información de hoy de ABC. Accedieron a un tipo de permiso ya de por sí excepcional, el 100.2, y su concesión fue muchísimo más rápida que para el resto de los presos, también «comunes». A la espera de que el Supremo o las audiencias provinciales acaben pronunciándose, todo está ajustado a la ley, recuerda la Generalitat. La realidad es que se ha leído la letra del reglamento con una óptica tan forzada que los abogados penalistas que reclaman a las juntas de tratamiento de las prisiones ese mismo 100.2 para otros reclusos, también comunes, comunes del todo se entiende, no pueden más que frotarse los ojos. Como ha explicado también este diario, bajo la calificación de «visitas institucionales» los presos del 1-O, por ejemplo, recibieron 2.300 visitas con este calificativo en apenas seis meses en 2018, cuando eran aún preventivos, en un desfile de cargos –altos, medios, bajos… desde el presidente de la Generalitat hasta el edil más humilde, también Arnaldo Otegui– que llevó a muchos a denunciar que en realidad Lledoners era de facto una extensión de Palau. De inicio ya se vio que el cumplimiento de las penas en las cárceles catalanas sería una oportunidad para los presos de ver aliviada la dureza que supone cualquier encierro –también en Lledoners–, pero a la vez un problema político, y no tanto para un Gobierno que se pone de perfil, como se ha visto, sino para la relación, quebrada, entre JpC y ERC. Hoy, cuando se cumplen dos años de la toma de posesión del gobiernoTorra y del fin de la intervención de la Generalitat vía 155 –el mismo día, también, en que Pedro Sánchez estrenaba el cargo–, los presos siguen siendo, más allá de su situación personal, un arma de desgaste contra los republicanos, al frente de la consejería de Justicia. Torra y Junts les reprochan precisamente que no les concedan más permisos. En ERC saben, como demuestra hoy este diario, que ir un poco más allá, sólo un poco, sería prevaricar.