Una confesión narco reveló una supuesta red de espionaje ilegal a jueces, políticos y empresarios

Federico Villena, quien se topó con esta supuesta banda de espías tras la confesión de un capo narco que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría llamado Sergio Rodríguez y al que apodan “Tomate o Verdura”.

El principal integrante de la banda de supuestos espías es un abogado que trabaja para la Agencia Federal de Inteligencia y que tiene vínculos con barra bravas del fútbol, según corroboró la Justicia. Hoy el expediente está bajo secreto de sumario, pero según pudo reconstruir Clarín la banda había intervenido a ex presidentes, jueces, periodistas, diputados nacionales y provinciales, sindicalistas, representantes de diversos cultos religiosos y dirigentes sociales.

El caso, según fuentes del expediente, arrancó en diciembre de 2018 como una investigación narco tras una denuncia contra Tomate Rodríguez. La Justicia lo buscaba por venta y comercialización de drogas. El 20 de febrero pasado, Tomate se entregó al juez Villena luego de verse acorralado y con su estructura delictiva casi desarticulada. Los investigadores incluso habían detectado que el narco preparaba un atentado contra Villena y que tenía algún tipo de protección policial. Rodríguez vendía más de 3 kilos de cocaína por día, según la Justicia. 

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Complicado por las pruebas, Tomate decidió declarar y aportar nuevos datos para mejorar su situación procesal y la de su entorno más cercano. En esa declaración empezó a describir una supuesta red de espionaje ilegal de la que habría sido parte. Contó que para expandir sus negocios ilegales había entrado en contacto con un abogado de Lanús que le aseguró que era agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Incluso este hombre le dijo que podía darle una credencial de la AFI para que se mueva sin problemas y ofrecerle protección en sus negocios ilegales. Además, siempre según la declaración de Tomate Rodríguez, le preguntó si estaba dispuesto a matar por encargo.

Con los datos aportados, la descripción física del abogado y hasta los detalles de la oficina, la Justicia corroboró su identidad y confirmó que era un agente de la AFI. Quizá gracias a sus contactos con el mundo de la inteligencia, el abogado -del que no se reveló su identidad- interpuso un hábeas corpus en un juzgado nacional de la Capital Federal para intentar frenar el expediente.

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“Para evitar que se trabara la causa, se ordenó un allanamiento en el domicilio del abogado para evitar que se destruyeran pruebas valiosas”, aseguraron fuentes con acceso al expediente. De allí se llevaron un teléfono celular del agente de la AFI y otros dispositivos electrónicos. Tras los peritajes, los investigadores encontraron conversaciones del abogado con otras personas en las que “daban cuenta de haber practicado tareas de espionaje ilegal interno a distintas personas y organizaciones”, contó una fuente ligada al caso.

Además se descubrió un documento en el teléfono móvil guardado bajo el nombre sustooo.doc. Allí se detallaba un operativo donde se describía una acción de amedrentamiento con una supuesta bomba falsa en el domicilio de una persona. Los detalles de ese documento coincidían con el relato del narco Tomate Rodríguez quien había declarado ante la Justicia que uno de los trabajos que le habían encargado los espías era el de llevar un paquete con un presunto explosivo a un domicilio sobre la Avenida Callao.

Con esa información, Villena y la fiscal a cargo del caso, Cecilia Incardona, abrieron un nuevo expediente en el que investigan una “posible organización criminal dentro del Estado nacional que se dedicaba a la realización de actos de espionaje interno, prohibidos por la ley”, según fuentes con acceso a la causa.

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Imputaron a Mauricio Macri y a ex directores de la AFI tras la denuncia por espionaje ilegal

El avance de esta causa se da justo cuando empiezan a proliferar denuncias por supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, muchas impulsadas y fogoneadas desde sectores afines al kirchnerismo.

De hecho, la semana pasada, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció a los ex directores de la entidad, Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani, por supuesto espionaje ilegal. Fue luego de que encontrara un “disco rígido”, en la sede de inteligencia, con rastros de supuestas pinchaduras de mails a dirigentes opositores y oficialistas de la gestión Cambiemos. El fiscal a cargo de ese caso, Jorge Di Lello, ya le dio impulso a la investigación: imputó con velocidad a Macri y los ex AFI, Arribas y Majdalani.