Un impacto superable

Arranquemos la reflexión partiendo de algunos datos: el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el 19 de mayo el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Por poner en

contexto este Proyecto de Ley es necesario recordar que en el seno de la UE se habían creado ya dos herramientas fundamentales para establecer el marco de actuación en materia de acción contra el cambio climático según el Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima: los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050. El PNIEC, que envía cada Estado miembro, debe abarcar un horizonte temporal entre los años 2021 y 2030 en su primera versión, mientras que la Estrategia de Descarbonización a 2050 debe presentar una senda coherente con los objetivos de descarbonización de la economía para el año 2050, ambos coherentes entre sí -claro está- y con los acuerdos de París de 2015. Los 36 artículos de este Proyecto de Ley remitido detallan el plan de acción. Todos estos planes, proyectos de ley y acuerdos macro compartidos por los Estados miembros con la UE exigen para su viabilidad la movilización de las distintas administraciones y necesariamente de los actores privados. Y ¿cuál es el impacto del Covid-19 en todo esto? Pues la respuesta es obvia: como es imprescindible, por razones de recursos financieros necesarios, que las medidas sean coherentes con el próximo periodo de planificación financiera 2021-2027 en el seno de la UE, las más recientes declaraciones de la actual presidenta de la Comisión Europea ponen prioridad absoluta en las líneas maestras -en gasto e inversión- en el despliegue de nueva capacidad de generación de energía de origen renovable (medidas extraordinarias vinculadas a minimizar el impacto del Covid-19 incluidas y más que relevantes para países como España, Italia, Grecia y Portugal). El sector fotovoltaico (autoconsumo incluido) presenta a corto plazo (2021-2027) en España unas perspectivas positivas según el análisis anterior y seguirá siendo rentable invertir en él, y no solo porque permite el cumplimiento de los compromisos en cambio climático y energía a nivel internacional sino porque también supone la creación de empleos, de riqueza económica y, especialmente en España, porque es motor impulsor tanto de la pyme como del sector industrial, ambos muy afectados además por la crisis económica y social que está generando el Covid. Tras esta reflexión macro y bajando a un detalle de iniciativas y propuestas mayor, el desarrollo de la industria fotovoltaica ante esta situación de crisis pos-Covid exigiría medidas como las planteadas por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en su plan de reactivación del sector: reducción del término fijo en la factura, la tramitación digital de todos los procesos administrativos o la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, medidas todas ellas con un impacto a corto plazo pero también a largo, facilitando el crecimiento estructural de esta industria en España. Otro elemento de reflexión en medio del impacto Covid-19 es la evolución actual a la baja del consumo eléctrico y del precio del kWh de la electricidad, que puede reducir el atractivo de la inversión en autoconsumo fotovoltaico. Creo que esta situación es transitoria, coyuntural y que el esfuerzo dinamizador de la sociedad y sus agentes económicos harán en un plazo medio de tiempo que se corrija el impacto a la baja sobre el crecimiento del autoconsumo, y será -además- en pocos trimestres. No hay que olvidar tampoco que el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico es parte integrante de las políticas energéticas amparadas por la UE económicamente (e incluidas en los ejes de extrainversión con fondos comunitarios para la recuperación tras el Covid). A pesar de este análisis macro -que resulta positivo de mantenerse las líneas de apoyo anunciadas por la UE- es cierto que a corto plazo podemos observar retrasos en proyectos en construcción y ya planificados, pero que, al tratarse de impactos coyunturales, serán corregidos a medio plazo, sobre todo si pueden llegar a afectar a los compromisos que los Estados de la UE están enviado en sus versiones actuales de esos PNIEC. Sigamos siendo optimistas: gracias al foco en los planes de recuperación ante la crisis pos-Covid que la UE está anunciando en estos días, países como España podrán seguir apostando por el desarrollo creciente de la capacidad instalada de generación eléctrica renovable, con el extraordinario impacto positivo que estas inversiones tienen en el desarrollo del tejido pymeindustrial absolutamente prioritario estructuralmente para la sociedad española. Carlos Andreu es doctor en Ingeniería y profesor de EAE Business School