Ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía quieren que siga adelante la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar manifestaciones multitudinarias como la del 8-M. José
Manuel Franco declarará como imputado por prevaricación el día 10. La Abogacía ha presentado recurso de apelación contra la apertura de la instrucción por parte de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. El ministerio público ha anunciado que se sumará a esa petición para que se cierren las diligencias, según «El Confidencial», que cita fuentes de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la Fiscalía ha estado informada desde el momento en que se incoó el procedimiento (la fecha del auto es de 23 de marzo) de todas las resoluciones dictadas en la causa: desde la apertura hasta la diligencias de investigación acordadas y las citaciones para declarar. En más de dos meses, no ha recurrido ninguna de las resoluciones. Puede hacerlo aún porque debido a la suspensión de plazos procesales empieza a contarse a partir del 4 de junio, pero según fuentes judiciales podría haberlo hecho ya, como hizo la Abogacía del Estado y se le habría dato trámite igual que al otro recurso. Hasta ayer el ministerio público tampoco había presentado ningún informe ni sumándose a la Abogacía ni impugnando resolución alguna. La Fiscalía ha optado primero por recurrir a la prensa tras la crisis suscitada por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de los investigadores, y la filtración del atestado presentado por la Guardia Civil que responsabiliza a la Delegación del Gobierno de no prohibir las manifestaciones pese a la expansión del coronavirus. Las quejas de la Fiscalía apuntan directamente a la juez que no recabó el criterio de los fiscales antes de abrir la investigación. Según fuentes judiciales, «no hay ningún precepto en la ley que indique al juez de instrucción que debe recabar informe del ministerio público para decidir qué se investiga o qué no. Queda al criterio del juez». Incluso, el mismo juez puede preguntar en unos casos y en otros no o aplicar esa norma con carácter general en todos sus procedimientos, según estas fuentes. Rodríguez-Medel, además, dictó una diligencia desde el inicio con la advertencia de guardar reserva de las actuaciones.
FUENTE DIARIO ABC: