La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa deberá declarar por escrito en una causa abierta por el kirchnerismo por sus declaraciones según las cuales en diciembre
2015 había recibido en su despacho la visita de un funcionario del gobierno de Cambiemos que le preguntó cuándo firmaría un fallo vinculado con la causa del Pacto con Irán.
Las declaraciones de Figueroa fueron a principios de mes y la vicepresidenta Cristina Kirchner cometió un furcio por Twitter cuando afirmó que se había referido al ex representante de Macri ante el Consejo de la Magistratura y actual jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques.
Al día siguiente, la magistrada aclaró que no se había referido a Mahiques pero la “mesa judicial” de Cristina Kirchner siguió con la jugada e hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con declaraciones que Figueroa no hizo. Paralelamente, el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la nulidad del juicio oral por el encubrimiento de Irán en la causa AMIA.
La “mesa judicial” de la vicepresidenta la integran Zannini, el senador y ex titular de la AFI Oscar Parrilli, el viceministro de Justicia y ex número dos de la AFI, Juan Martín Mena, el diputado y ex subdirector de Contrainteligencia de la AFI, Rodolfo Tailhade y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, entre otros. Además, como fue una “presión” que tuvo lugar hace 4 años atrás, la jueza debería haberla hecho una denuncia penal en aquel momento y nunca la hizo.
La testimonial fue requerida hoy por el fiscal Ramiro González en el marco del expediente en el que también se investigan otros casos de jueces que denunciaron presiones de la denominada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri, según informaron a Télam fuentes judiciales.
El fiscal, que tiene delegada la investigación, elevó el requerimiento al juez Sebastián Ramos y, atento a que Figueroa es jueza, incluyó en el escrito un pliego de preguntas para que la testimonial pueda ser respondida por oficio.
“Atento a lo que surge de las constancias actuariales que anteceden y el contenido de la entrevista radial del programa Toma y Daca, toda vez que a los fines del proceso resulta imprescindible, cítese a prestar declaración testimonial a la jueza Ana María Figueroa, Presidenta de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal”, sostuvo el fiscal.
En el pliego de preguntas, el fiscal solicitó que Figueroa especifique, bajo juramento de decir la verdad, “si recibió alguna presión para resolver en algún sentido en particular en alguna causa entre los años 2015 y 2019” y en caso afirmativo que identifique a quien haya efectuado dicha presión y detalle en qué consistió.
La causa se inició el 5 de mayo del a partir de la presentación efectuada por Martín Ignacio Soria, diputado nacional por la Provincia de Río Negro, con el objeto de que se investigue la posible comisión de los delitos de “amenazas coactivas agravadas por haber sido cometidas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Figueroa, quien dijo en un programa de la Radio AM750 que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.
Por otra parte, el fiscal González pidió también que el juez Julián Ercolini aclare si en su juzgado tramitó alguna denuncia contra funcionarios de la anterior gestión que hubieran querido desviar la acusación de la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, hecho denunciado por el ex titular de la Unidad AMIA del ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla que terminó archivada y el kirchnerismo intenta reavivar.
Esa denuncia cayó en el juzgado de Ercolini pero luego se acumuló a otro que había sido presentada antes ante el juzgado de Luis Rodriguez y fue archivada a instancias del fiscal Carlos Rívolo que sostuvo que no había delitos en la decisión del gobierno de Macri de no pedir penas para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, acusados por el desvio de la investigación del atentado.
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