Sin relación con los jueces ni tareas internas. Sobre esa matriz, Alberto Fernández empuja una reforma de la Ley de Inteligencia que regule el histórico triángulo de los espías criollos: la
AFI, la dirección de Inteligencia Criminal de Seguridad y la dirección de Inteligencia Estratégica Militar.
Ocurre, casi en paralelo, con la reforma judicial que el presidente diagrama y pone bajo análisis un rediseño de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura pero, sobre todo, se enfoca en reformar Comodoro Py, el epicentro de la Justicia Federal.
Hay, entre ambas medidas, puntos en común: Fernández habló de vínculos espurios entre la AFI y sectores de la Justicia con fines de persecución interna, política y judicial. La reforma de la Ley de Inteligencia completa, o potencia, el proceso.
En diciembre, a dos semanas de asumir, Fernández intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y derogó un decreto de Mauricio Macri que había establecido un secreto general sobre el manejo de los fondos. Luego, con otro texto, limitó de manera extrema las funciones de la agencia.
El paso siguiente se concretó este miércoles. Cristina Caamaño, titular de la AFI, obtuvo el OK de Casa Rosada para avanzar con un proceso para redactar una nueva ley de Inteligencia. Lo charló con Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete.
A la mesa se sumarán Agustín Rossi (Defensa) y Sabina Frederic (Seguridad), en cuyas carteras hay áreas de inteligencia. Rossi ya introdujo cambios: “blanqueó” al personal que, dijeron en Defensa, durante la gestión de Oscar Aguad cobraban con “alias”.
Santiago Cafiero recibió en Casa Rosada a la titular de la AFI, Cristina Caamaño
Tendrá 120 días para elevarle un proyecto a Fernández que este enviará al Congreso para su tratamiento. El tema es instala, de ese modo, en la agenda legislativa postpandemia, donde aparece la reforma Judicial como un ítem espinoso.
La reforma tiene, admiten en Gobierno, líneas básicas ya definidas que se anticiparon en los decretos que firmó Fernández para prohibir que los espías sean auxiliares de los jueces y, además, limitar las tareas de la AFI a cuestiones de terrorismo y “atentados contra el orden constitucional”.
SI avanza la redacción y se aprueba en el Congreso, será la segunda reforma al sistema de inteligencia en dos décadas.
La norma original, la 25.520 se aprobó el 27 de noviembre de 2001, antesala de la crisis política y social que precipitó la caída de Fernando De la Rua y el regreso, en medio de un estallido, del peronismo al poder.
Duró, casi intocable, una década y media hasta que en 2015 se reconfiguró -con la ley 27.126 y el decreto 311- la histórica y temible SIDE, meses antes de que Cristina de Fernández deje el poder y lo suceda Mauricio Macri.
El ex presidente también hizo lo suyo: el 6 de mayo de 2016 firmó, junto a Marcos Peña, el decreto 656 que otorgó “superpoderes” al titular de la AFI, Gustavo Arribas, un amigo del ex presidente.
Cuando Fernández intervino la AFI y puso al frente a la ex fiscal Cristina Caamaño, dispuso además que se blanqueen los fondos reservados que, según detalla ahora el gobierno, tenían destinos desconocidos. Caamaño dijo, además, que redujo los gastos de la agencia.
Mediante el decreto 214, Fernández tomó una medida que aparece en el núcleo de la definición de la nueva ley de inteligencia: impedir que la AFI actuar como “auxiliar de la justicia en las investigaciones criminales”.
En el decreto de intervención, el 52, Fernández estableció como una de las obligaciones de Caamaño era convocar a una comisión para redactar “un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Eso fue lo que se activó esta semana tras la reunión con Cafiero y tendrá un plazo de 120 días para terminar un texto que le elevará al Poder Ejecutivo.
La comisión deberá “convocar a representantes de otras instituciones de la Administración Pública, del Poder Legislativo con incumbencia en materia y a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo de la AFI”, especifica un escrito firmado por Caamaño.
Apenas asumió, la interventora dispuso reformas sobre los fondos reservados, la logística de la AFI e inició una revisión de las designaciones que Arribas hizo antes de dejar el cargo. Un ejemplo: aceleró los pases a planta permanente luego de la derrota de Macri en las PASO de agosto.
La gestión Camaño inició exámenes entre el personal para determinar su capacidad para desempeñarse en la AFI. Se interrumpieron por la pandemia pero seguirán cuando se normalice la situación.
En paralelo, avanzará la redacción del proyecto sobre “la composición del sistema de Inteligencia; la planificación y el control de sus actividades; las obligaciones y prohibiciones de los organismos” y, entre otros puntos, “la reunión, análisis y gestión de la información”.
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