La Policía Federal brasileña ha desplegado este miércoles una operación contra varios diputados afines al presidente Jair Bolsonaro, uno de sus más recientes y polémicos aliados políticos, varios empresarios y activistas por su supuesta implicación en la difusión de noticias falsas contra el Tribunal Supremo. Están acusados de ser parte de lo que aquí llaman el Gabinete del odio, que impulsa campañas de ataques y desinformación en redes sociales para favorecer el discurso presidencial. La operación es parte de un caso abierto por el alto tribunal, al que Bolsonaro y su entorno acusan de entorpecer las iniciativas gubernamentales. El Supremo y el Congreso son los dos principales enemigos de los seguidores más ultras del presidente.
Esta operación, fruto de unas pesquisas que empezaron el año pasado, y otra realizada la víspera contra el gobernador de Río de Janeiro tienen potenciales consecuencias políticas en un momento en que varios casos judiciales se entremezclan y Brasil está afectado de lleno por la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 24.500 personas. Hace ya años que la judicialización de la vida política es una realidad cotidiana en Brasil.
Esta investigación de las fake news es uno de los motivos por los que Bolsonaro estaba empeñado en cambiar al jefe de la Policía Federal. Sus presiones en ese sentido llevaron a la dimisión del exjuez Sergio Moro como ministro el mes pasado y a que que las acusaciones con las que se despidió de Bolsonaro se hayan convertido en una investigación por injerencias políticas.
Los agentes han realizado decenas de registros en varios estados. Se han incautado de ordenadores y teléfonos móviles. Entre los objetivos destacan, grandes empresarios acusados de financiar la diseminación de fake news y Roberto Jefferson, el líder de uno de esos partidos especializados en ofrecer su apoyo parlamentario al mejor postor. Bolsonaro acaba de aliarse con Jefferson para obtener de él unos votos cruciales para impedir en el Congreso su destitución. Los ocho diputados sospechosos de vínculos con el Gabinete del odio serán interrogados en los próximos días, según el Supremo.
Dos de los hijos del presidente, el concejal Carlos y el diputado Eduardo, se han apresurado a criticar en redes la operación policial. “Es una investigación inconstitucional, política e ideológica”, ha tuiteado Carlos, que no está entre los cargos electos citados para ser interrogados aunque la prensa brasileña menciona hace meses su nombre entre los sospechosos.
La víspera, otra operación policial sobre un asunto totalmente distinto pero contra uno de los más recientes adversarios políticos de Bolsonaro ya enrareció el ambiente político. El móvil y el ordenador del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, enfrentado al presidente por la gestión de la epidemia, fueron incautados dentro de una investigación sobre malversación de fondos públicos en la contratación de hospitales de campaña para enfermos de la covid-19. Preguntado por el asunto, Bolsonaro felicitó a la policía. Este gobernador destituyó recientemente al titular de Salud estatal ante las sospechas de malversación.
