“La ruta del dinero K”: Lázaro Báez también quiere que la Oficina Anticorrupción deje de acusarlo

dinero K”. Es a raíz de la decisión del organismo que conduce Felix Crous de abandonar las querellas en dos causas por maniobras de blanqueo donde la principal acusada es Cristina Kirchner y el contratista K también está imputado. Con un importante avance en el caso y con los alegatos por parte de la OA iniciados antes de la cuarentena, el dueño del Grupo Austral considera que ya no debe intervenir en el juicio.

“La ruta del dinero K” es uno de los juicios por lavado de dinero de mayor envergadura que hay en los Tribunales de Comodoro Py. Con 24 imputados, la investigación cuenta con 191 cuerpos (38.200 hojas) y 270 incidentes. Así también lo es la cifra de dinero involucrada: 60 millones de dólares supuestamente volcados a operaciones de blanqueo, y su principal responsable Lázaro Báez.

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El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), a cargo del juicio, estimaba a esta altura del año concluir con el proceso, ya que antes del inicio de la pandemia se encontraban en etapa de alegatos, quedando por concluir su acusación la OA, para después dar paso al fiscal Abel Córdoba y finalmente conocer la sentencia de los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti.

Pero las audiencias se encuentran en suspenso a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la imposibilidad técnica de desarrollar sin dificultades las audiencias online en este caso con más de 60 personas conectadas.

En medio del debate por el sistema tecnológico con el que cuenta el poder Judicial, Lázaro Báez pidió que la OA se retire del juicio que lo tiene como organizador de una “banda” que habría lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Su requerimiento ante el TOF 4 se funda en la decisión del organismo estatal de retirarse de otros dos juicios por supuestas operaciones de blanqueo contra la vicepresidenta.

“Este hecho determina a una nueva reevaluación de las circunstancias, acorde al criterio adoptado por la oficina estatal, procurando la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos sometidos al poder del Estado que, en todas sus facetas, debe revestir siempre los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad”, sostuvo la defensa de Báez en el escrito al que accedió Clarín.

Asimismo, para el empresario K la Oficina Anticorrupción “no se encuentra legitimada para ser parte querellante en este proceso, ya que se excede de su marco de competencias impuesto tanto por normativas locales como internacionales, toda vez que en esta causa no hay un funcionario público denunciado y el objeto procesal es lavado de dinero realizado por privados”.

Al confirmar las acusaciones en la causa, la Cámara Federal porteña sostuvo que el delito precedente de estas operaciones se explicaban en la defraudación al Estado perpetrada -según la imputación- por Cristina Kirchner a través de la obra pública vial que recibió Báez. Parte de esos fondos se habrían volcado a diferentes circuitos de blanqueo, las exteriorizaciones y repatriaciones a través de Austral Construcciones, como los alquileres de inmuebles (Los Sauces SA) y hoteles (Hotesur SA), “todo con el objetivo de incrementar el patrimonio de los Kirchner”. 

El 11 de marzo, la Oficina Anticorrupción (OA) inició su alegato contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y otros veinte imputados en el juicio. Sin embargo, para el dueño del Grupo Austral “no hay, ni nunca hubo razón jurídica que habilite a dicho organismo del Estado encargado de investigar el accionar de los y las funcionarias públicas, a promover la acusación contra nuestro asistido, el señor Lázaro Báez. Mucho menos, para pedir pena a su respecto”. La Oficina fue aceptada como querellante por el juez de instrucción Sebastián Casanello, en junio de 2016.

Cuando fue su turno de alegar, la OA dio por corroborada la acusación central contra Lázaro Báez. Entonces, el organismo -bajo la actual conducción política- se refirió a las imágenes de la financiera SGI, donde el mayor de los hijos varones del empresario K y personas de su confianza contaban 5 millones de dólares.

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Con el avance del alegato, que aún no concluyó, la OA dijo: “Báez fue el mentor y responsable de esas operaciones de lavado, que hicieron muchas personas de su confianza y bajo sus instrucciones”. Hubo más: “Las operaciones de lavado de dinero fueron realizadas con fondos obtenidos de la actividad de Austral Construcciones y ordenadas por Lázaro Báez”, y lo calificaron como el “responsable último de la toma de decisiones del grupo empresarial y quien detentaba el poder de decisión sobre su giro comercial”.

Un punto más: para la OA, como para las otras dos querellas que pidieron la condena del ex bancario de Santa Cruz -la UIF y la AFIP-, el delito precedente a la causa por lavado de activos se encuentra bajo la lupa judicial en el expediente donde se juzga a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que habría defraudado al Estado al favorecer al empresario K con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Así, avalaron lo que la Justicia viene sosteniendo: las causas están vinculadas.

Hasta el momento, el organismo que conduce Crous mantuvo esta línea de acusación. Resta saber si se retirarán del caso o continuarán con su alegato, que se ajusta a al acusación del fiscal Guillermo Marijuan durante la instrucción.