Alemania es un referente para España en muchos aspectos. Nuestra Constitución es un calco de la suya con matices, como la Jefatura del Estado y que los lander aquí se llaman comunidades
autónomas. Harina de otro costal es la lealtad institucional que profesan los teutones, capaces de gobernar juntos democristianos y socialdemócratas desde hace 15 años. También es envidiable su apuesta por la industria, la formación profesional y la participación de los trabajadores en la dirección de sus empresas, la denominada cogestión. Una ejemplaridad que se extiende a su constante apoyo a las empresas como principal motor de la economía y del empleo. Un soporte que aumenta en periodos de vacas flacas como el actual. Lejos del espejo alemán, en España se sigue demonizando a los empresarios, cuando solo 19 millones de españoles integramos la población activa ocupada del total de 47 millones. Una población activa que, junto a las empresas, somos los únicos aportadores netos a las arcas públicas mediante impuestos directos. De esa cifra hay que restar 3,25 millones de empleados públicos, de forma que solo 15,75 millones somos mantenedores, un escaso 34 % de la población, o lo que es lo mismo: un tercio sostenemos, junto a los impuestos de las empresas, el gasto social, servicios, inversiones, pago de pensiones y de prestaciones por desempleo y, ahora, también el ingreso mínimo vital. Atención, que no estoy en contra de contribuir para sostener nuestro Estado del Bienestar. Lo lamentable es que, lejos de cuidarnos, a ese tercio de españoles mantenedores y a las empresas que proporcionamos los ingresos para sostener la alambicada estructura de nuestras administraciones, los 8,7 millones de pensionistas y todas las políticas sociales e inversiones públicas, seamos considerados por los políticos como la teta que hay que exprimir más. De muestra, el botón de la Generalitat catalana. En plena pandemia, los independentistas han aprovechado para subir los impuestos del IRPF, donaciones y sucesiones, relacionados con las herencias de padres a hijos. Así, con casi 12.000 muertes por Covid-19, en su gran mayoría ciudadanos mayores, y dada la elevada cifra de empresas familiares catalanas, el Govern hará más caja. También suben transmisiones patrimoniales, bebidas azucaradas, viviendas vacías, tasa turística y se esperan nuevos impuestos verdes. Y, en Barcelona, donde el IBI ha aumentado hasta un 400 %, los herederos tendrán que pagar aún más. Lo peor es la falta de sensibilidad al desvalijar a nuestros mayores como en el salvaje Far West.
FUENTE DIARIO ABC: