En el caso de Pytyvõ, Hacienda indicó que de los cobros irregulares, 24 corresponderían a funcionarios públicos, 10 a aportantes activos del Instituto de Previsión Social y nueve
que residen en el exterior.
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Entretanto, por Ñangareko hubo 121 funcionarios públicos que accedieron al pago, de acuerdo con un informe del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
Ambos programas fueron creados para afrontar la emergencia sanitaria por el Covid-19.