Con carteles de apoyo al jefe comunal y de repudio al clan Zacarías Irún, los pobladores hicieron sentir su malestar ante la serie de escenarios que supuestamente se
dan con fines de sacar de la Intendencia a Prieto.
Una primera protesta ya se había dado a inicios de este mes, luego de la denuncia del concejal Celso Kelembu Miranda por supuestos sobrecostos en la compra de insumos médicos y alimentos durante esta emergencia por el Covid-19.
Ello derivó en un allanamiento a la Comuna encabezado por el Ministerio Público y la apertura de una investigación por apropiación, estafa y lesión de confianza.
Ante esta situación, Prieto presentó una recusación en contra de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y otros tres fiscales.
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El intendente afirmó que Quiñónez, a través de sus diferentes fiscales adjuntos, asumió una posición de bloqueo y defensa contra las recusaciones de fiscales, que es un derecho válido otorgado por la ley y que les autoriza a los profesionales a utilizarlos.
También hizo alusión a una “maniobra dolosa” para organizar un esquema de apriete contra él.
A esto se sumó el supuesto plan gestado por un grupo de operadores políticos afines al clan Zacarías Irún, quienes aparentemente manejaban la información de una imputación en contra del jefe comunal y lo que daría paso a su renuncia.