Los problemas para garantizar la continuidad en forma remota de grandes juicios por corrupción, entre ellos los que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner, abrieron el debate en el Consejo
de la Magistratura, que cuenta con mayoría kirchnerista.
Los consejeros Pablo Tonelli, Juan Pablo Mas Vélez, Marina Sánchez Herrero, Silvia Giaccoppo, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta habían criticado el jueves un informe del Consejo que avaló la suspensión de los juicios orales por la dificultad de garantizar la conexión a internet para hacerlos de forma remota.
Ahora, el presidente del cuerpo, Alberto Lugones, dijo que ese informe no refleja la opinión del Consejo. “A quien se sindica (en el informe) como respondiendo en nombre de este Cuerpo, Sr. Noziglia Wilde, no es persona autorizada para hacerlo”, dijo Lugones en un escrito.
En el Consejo de la Magistratura hay 278 pedidos de diferentes Tribunales que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que modificó la forma de trabajar en el Poder Judicial, solicitaron la habilitación de una plataforma on line para llevar adelante los juicios pendientes.
Ante esos pedidos, la Dirección de Tecnología del Conejo les mandó una nota con la firma de Noziglia a algunos Tribunales de Comodoro Py -entre ellos el TOF 2 que juzga a la vicepresidenta, a Lázaro Báez y a otros catorce imputados más- en la que sostuvo: “Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones. La disponibilidad de recursos habilitados asciende a 122 puertos (de conexión) para todo el país, y requiere la instalación de un cliente (un usuario) y una vpn (conexión directa a las computadoras del tribunal) por cada participante”.
Desde el Consejo explicaron que el sistema de videoconferencias está diseñado para “tiempos normales” y en los cuales hay “una mayoría de participantes internos y mayormente puntos fijos externos (consulados, salas de audiencias, etc)”. Por eso, la cuarentena obligó a “trabajar en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible”. En esa nota también se indicó no saben en qué fecha podrá funcionar el nuevo esquema.
Este viernes, ante la queja de un grupo de Consejeros, Lugones se desligó de esta notificación. Dijo que “la respuesta no emanó de esta Presidencia ni de la Dirección de Tecnología” y dijo que la conoció “al igual que ustedes, cuando se publicó la noticia”. El presidente de la Magistratura aclaró que el responsable del área es David Conte y desestimó la información que firmó Noziglia.
En una nota, el consejero Tonelli en representación de un grupo de integrantes del Consejo, había manifestado su preocupación por la situación, y consideró como “una falta de respeto a los consejeros que esa respuesta, que habría dado el director de Tecnología, se haya producido sin nuestro conocimiento (ni anterior ni tampoco posterior). Y me llama la atención que el tema no haya sido mencionado en la reunión de Labor del pasado martes, momento en el cual la respuesta ya habría sido enviada”.
Los consejeros señalaron además, que prevalece la inquietud ante “una respuesta que dice que no podemos asistirlos para la realización de un juicio oral de manera remota ”porque aún no hemos desarrollado una plataforma adecuada”.
El presidente del Consejo respondió en una nota que se trató de una “actividad desarrollada a espaldas de todos nosotros, por el agente mencionado, quien sin autorización de ninguna clase, disparó respuestas automáticas a diversos tribunales, por motivos que aún no se ha podido determinar”.
A estas alturas, los propios Tribunales son quienes explican las dificultades técnicas que afrontan para desarrollar audiencias con más de 50 personas conectadas, como el caso del juicio por la Obra Pública, o más de 60 conexiones seguras que se pidieron para el juicio de la Ruta del Dinero K, que tiene 24 imputados.
Los soportes tecnológicos con los que cuenta el Poder Judicial son proporcionados por el Consejo de la Magistratura, que el año pasado declaró la emergencia estructural y tecnológica del sector durante un año.
La idea era contar con un plan de inversiones que logre realizar una puesta en valor, pero el 97% de los fondos se destinan al pago de salarios y la pandemia impactó en las vías de recaudación propia, lo que profundizó la necesidad de salvataje financiero por parte del Tesoro Nacional.
Algunas audiencias se pudieron reanudar usando el sistema de la empresa Cisco que provee el Consejo y otros magistrados optaron por la aplicación Zoom, como hizo el Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) que retomó un caso contra Ricardo Echegaray. Sin embargo, en otro tribunal explicaron a Clarín que ese juicio “contaba sólo con dos imputados y pocas personas conectadas y hubo igual algunas dificultades”.
Ante los requerimientos formulados por varios tribunales, el Consejo de la Magistratura explicó que se está desarrollando una plataforma (con Arsat) que asegure mayor conectividad, tal como lo requieren los juicios grandes. La clave, según explican en la Justicia, es que el sistema funcione sin ninguna interrupción para evitar posibles planteos de nulidades de las partes que terminen complicando el juicio. Por ello, informaron que están desarrollando una plataforma para audiencias que requieren una conectividad compleja como el caso de Cristina Kirchner, o la Ruta del Dinero K que cuenta con 24 imputados, y que se informará a los magistrados “cuando esté finalizado para ofrecerlo a los tribunales”.
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