El mercado inmobiliario atraviesa una “profunda crisis” según una encuesta que relevó que más del 90% de los interesados en concretar alguna operación inmobiliaria no pudo concretar
su alquiler o compraventa, desde que el Gobierno nacional decretó la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
El trabajo fue realizado por el Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) y del total de encuestados el 85% pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y al territorio bonaerense, donde se registran los mayores inconvenientes del sector.
El presidente de Camesi, Alejandro Ginebra, evaluó que “el actual es un contexto inédito de incertidumbre, producto del stand by de toda la economía”.
“Hoy carecemos de valor de referencia de los inmuebles, el coronavirus destruyó al sector, hay que volver a reconstruirlo trabajando en definir los valores del mercado entre la oferta y la demanda”, agregó.
El objetivo del trabajo fue analizar y describir la situación del sector en el marco de las restricciones surgidas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio iniciado en la Argentina el 20 de marzo a través del Decreto 297/2020.
El primer dato que surge del relevamiento apunta a las principales operaciones inmobiliarias, evidenciando una caída drástica de la actividad: más del 90 por ciento de los consultados no pudo cerrar operaciones inmobiliarias de alquiler o compraventa.
Sólo el 9% concretó algún contrato de alquiler durante la cuarentena y un 7% avanzó sobre compraventa de inmuebles.
A partir de las restricciones en la circulación impuestas por la cuarentena, el informe detalló que el 98% de los operadores realizó trabajo remoto, siendo el teléfono la principal herramienta tecnológica utilizada por el 87% de los consultados.
Le siguen en importancia las redes sociales, utilizadas por un 82 por ciento y el e-mail, en un 77 por ciento de los casos; igual porcentaje de operadores utilizó algún tipo de plataforma virtual.
Otro de los datos sobresalientes del informe elaborado por Camesi, es que en este contexto el 94% valora como indispensable la implementación de firma electrónica o digital de contratos inmobiliarios y considera que el Estado debería arbitrar rápidamente los medios para ponerla en funcionamiento.