El gobierno de Pedro Sánchez logró este miércoles, con el agua al cuello, que el Congreso aprobara la quinta prórroga al estado de alarma, la herramienta constitucional que
en este tiempo de pandemia de coronavirus le permite limitar y controlar la movilidad de los 47 millones de españoles desde hace 66 días.
Sánchez considera indispensable la medida de excepción para seguir aplicando su plan de apertura gradual del país. “En esta crisis excepcional, la legislación ordinaria se ha demostrado insuficiente y la crispación política, inútil -dijo en el Parlamento-. El estado de alarma es plenamente legal y el único instrumento que permite restringir la movilidad, indispensable para seguir limitando la propagación del virus.”
Lo viene haciendo, cada 15 días, desde el 14 de marzo. Esta vez, aspiraba a conseguir prolongarla durante un mes. Según él, sería la última.
Antes del debate en la sesión del Congreso de este miércoles, el presidente del gobierno español había anunciado que la nueva prórroga “tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada”.
Lo dijo en su mensaje a la ciudadanía del fin de semana pero luego debió agachar la cabeza y volver a conformarse con las módicas dos semanas: ningún partido político con representación parlamentaria le hubiera dado su apoyo para sostener el estado de alarma ininterrumpidamente durante 30 días.
El plan de descongelamiento de las restricciones que España está llevando adelante por provincias debería completarse a fines de junio. Sánchez soñaba llegar a la meta final con el mando único que le concede el estado de alarma, pero la prórroga que acaba de conseguir estará vigente hasta el 7 de junio.
La solicitud del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos fue aprobada en el Congreso gracias al apoyo de Ciudadanos, que ya había votado a favor de la última prolongación del estado de alarma que vence el 25 de mayo, y del Partido Nacionalista Vasco.
El Partido Popular (PP), la principal fuerza opositora, votó por primera vez en contra. En las cuatro prórrogas anteriores, su voto había sido a favor para las tres primeras veces y se había abstenido en la última.
“Cada día está más solo y más débil. Ha perdido toda credibilidad institucional, y pierde a borbotones la confianza ciudadana -le arrojó a Sánchez el líder del PP, Pablo Casado-. Cada votación es un suplicio para usted, y lo que reste de legislatura será un calvario”.
Este nuevo tablero político de apoyos y vetos a la posición del gobierno evidencia la agonía del pacto de investidura que Pedro Sánchez acordó en enero con el independentismo catalán de Esquerra Republicana y con Compromís -la coalición valenciana de formaciones regionales-, dos de sus principales socios que lo ayudaron a convertirse en presidente hace poco más de cuatro meses.
“Estamos literalmente llevándonos por delante el espíritu de la investidura, que despertó muchísima ilusión en mucha gente, que era palanca para el progresismo, dique de contención para el fascismo -dijo el portavoz parlamentario de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, que votó en contra de la prórroga-. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo frente a la vida, ¿cómo lo vamos a hacer frente a todo lo demás? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en una pandemia mundial, ¿cómo lo vamos a hacer en unos presupuestos?”
El líder de Comprimís en el Congreso, Joan Baldoví, no ocultó su enojo ante la falta de respuesta del gobierno respecto de las condiciones en las que Comprimís daría su “sí” a cambio de opinar sobre cómo se repartirían los 16 mil millones de euros que Sánchez anunció para ayudar a las comunidades autónomas durante la crisis sanitaria del Covid-19. “Han sido capaces de llegar a acuerdos con quienes le niegan el pan y la sal y blanquean la extrema derecha y son incapaces de negociar con quienes les llevaron ahí y apoyaron todos sus decretos”, le dijo Baldoví a Sánchez.
“Le estamos ganando la batalla al virus”, argumentaba el presidente del gobierno en el Congreso para justificar su pedido de apoyos a la medida.
España transita la décima semana de confinamiento con restricciones menos antipáticas para el 70 por ciento del país que está en Fase Uno del plan de transición y unos 45 mil isleños de Baleares y Canarias que viven en Fase Dos y hasta pueden ir a la playa.
Sólo Madrid, Barcelona y las ciudades más pobladas de Castilla y León, las más infectadas por la epidemia, permanecen en Fase Cero por sus dificultades en la detección precoz de nuevos contagios.
Y a pesar de que el Ministerio de Sanidad subraya que los criterios de evaluación para el paso de una fase a otra son sanitarios, la Comunidad de Madrid, gobernada por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, argumenta discriminación política y la ruina económica de la autonomía en la que viven 6,6 millones de personas.
“El mejor escudo social es el empleo y la forma de no dejar a nadie atrás es avanzar todos a la vez, no quedarse todos parados -azuzó Casado, el presidente del PP, a Pedro Sánchez-. Abandone ya esas ensoñaciones peronistas. Esa ingeniería social es pan para hoy y hambre para mañana. El asalto de los cielos siempre acaba en corralitos y miseria.”
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