Un fiscal federal imputó este lunes al intendente de la localidad de Aguaray, del norte de Salta, Jorge Prado; a un funcionario de ese municipio; y a un empresario, por el
delito de fraude en perjuicio de la administración pública, por el robo de caños del gasoducto del NEA.
Fuentes judiciales informaron que, en una audiencia realizada a través de videoconferencia, la Fiscalía Descentralizada de Orán, representada por el fiscal general Eduardo Villalba, imputó a Prado; a su secretario de Hacienda, Freddy Marcelo Céspedes; y al empresario Diego Alos, titular de la firma Osypsa, todos por fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de dos a seis años de prisión.
La imputación surgió del trabajo realizado por una comisión especial creada y dirigida por Villalba, en representación de la Fiscalía de Distrito Salta e integrada por la Sede Descentralizada de Oran y el fiscal de Tartagal, Marcos Romero.
La audiencia se hizo bajo la dirección del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ante quien el fiscal consideró que la imputación a los acusados surge de “haber permitido la desafectación de bienes que no le son propios”, por entender que Prado “autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea” que pasan por Aguaray.
Para el fiscal, hubo una desafectación de las cañerías para introducirla en el comercio y venderla a la empresa Osypsa.
En este sentido, el fiscal Villalba hizo referencia a la resolución municipal firmada por Prado, el 23 de diciembre pasado, a días de asumir como intendente, mediante la cual resolvió, junto a su secretario de Hacienda, “disponer en favor de Osypsa los caños que eran parte del gasoducto”.
Para el fiscal, esta conducta “constituye fraude a la administración pública, por realizar actos en claro detrimento y perjuicio del Estado Nacional”.
“A juicio de esta fiscalía -dijo-, el intendente y su secretario de Hacienda habrían procedido a enajenar caños que no le pertenecen, accionar en el cual también está comprendido Alos, que aparece como el adquirente de los bienes de propiedad del estado nacional”.
En su relato, Villalba describió como primer hecho el sucedido el 7 de febrero pasado, cuando en la Sección Aguaray, de Gendarmería Nacional se denunció que dos camiones transportaban al menos 30 caños de acero de 24 pulgadas pertenecientes al gasoducto.
“Uno de los conductores de estos rodados exhibió como documento que lo autorizaba al traslado de los caños, la resolución de la Municipalidad de Aguaray”, reveló el fiscal.
Luego, comentó que el 14 de abril pasado, por otra denuncia, personal de Gendarmería Nacional del Escuadrón 52 de Tartagal pudo establecer nuevamente la presencia en la zona de dos camionetas que llevaban once caños cada uno.
Ante ello, la fiscalía avanzó en la investigación e individualizó a los presuntos autores de este hecho -dos hombres-, en este caso calificado como robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda; uno de ellos cuenta con antecedentes por el delito de estafa.
El fiscal solicitó al juez que ordene la captura de esas personas, entre otras medidas.
Otro hecho relacionado ocurrió en Alto La Sierra, en el norte salteño, en el que actuó la justicia provincial y se ordenó la detención de Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez, quienes habrían participado de la adquisición de 77 caños, todos pertenecientes a la empresa Enarsa, por robo calificado.
Tras los pedidos de la fiscalía, el magistrado cedió el tiempo a los imputados y sus defensores, pero decidieron no prestar declaración indagatoria ni realizar planteos.
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