El proyecto de Ley de Cambio Climático ha sido bien acogida por la industria del automóvil, a pesar de que establece un horizonte en el que se vislumbra el final de la
era de los coches de combustión, hoy mayoritarios. Tanto la patronal de fabricantes de vehículos Anfac como la de concesionarios Faconauto han valorado positivamente el texto, aprobado hoy por el Consejo de Ministros. El documento redactado por el equipo de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, recoge que «se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km». Tanto Anfac como Faconauto consideran positivo que el objetivo de descarbonización del parque se preve a alcanzar sin prohibir tecnologías concretas, como el diésel o la gasolina, aunque en la práctica los aboque a su desaparición. «La ley era muy necesaria pues configura un marco nacional a nivel normativo y fija los objetivos de largo plazo. A su vez, es el punto de partida para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades», según el director general de Anfac, José López-Tafall. Para Anfac, la inexistencia de prohibiciones taxativas y la generación de un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa es positivo porque contribuye a la innovación en las diferentes tecnologías y permite generar una hoja de ruta clara, según ha destacado la asociación en un comunicado. «Se abre un nuevo camino y el sector de la automoción está plenamente comprometido con recorrerlo y definirlo de manera consensuada con el Gobierno y el resto de fuerzas políticas», afirmó López-Tafall. El proyecto legal no recoge, finalmente, una prohibición expresa de los turismos diésel, gasolina o híbridos -como sí planteó el Ejecutivo en un inicio-, pero sí impulsará las medidas necesarias para que en 2040 ya no se comercialicen, y diez años después, en 2050, desaparezcan de las carreteras, salvo algunas excepciones. «El proyecto de ley recoge letra a letra el compromiso de la Unión Europea», ha resaltado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Ir de la mano de la UE nos aporta una garantia para la transformación de un sector fundamental de nuestra economía», aseguró, en referencia a los grupos que quieran adelantar en el tiempo los objetivos del texto legislativo. «Confirmo que, de acuerdo a las disposiciones de la UE que a partir de 2040 los coches nuevos serán de cero emisiones directas, y a partir de 2050 quedarían fuera de circulación los vehículos con motor de combustión salvo los históricos y algunas excepciones muy particulares», ha insistido Ribera en la rueda de prensa. La vicepresidenta ha destacado también que «en el anteproyecto de Ley se introduce la obligacion de que los municipios de mas de 50.000 habitantes delimiten zonas de bajas emisiones. No es descartable que a partir de 2023 se introduzcan limitaciones a este tipo de vehículos», ha avisado. Por su parte, Faconauto valoró que el texto «aporta claridad y transmite confianza a los consumidores a la hora de cambiar su vehículo, ya que podrán optar sin miedo por todas las tecnologías disponibles en el mercado». «A partir de ahora, y mientras se avanza hacia la descarbonización, será esencial que Administración y sector sigan trabajando en políticas que tengan en cuenta esa diversidad de tecnologías para reducir las emisiones, siempre desde una perspectiva social», resalta en otro comunicado, en el que pide «asegurar que ciudadanos y empresas satisfagan sus necesidades de movilidad y dar certidumbre a un mercado hoy paralizado por el impacto del coronavirus». En este sentido, los concesionarios coinciden con los fabricantes en reclamar «herramientas» que permitan «conseguir ese objetivo común, que pasa particularmente por un impulso definitivo de los vehículos de bajas o nulas emisiones». El automóvil ha reclamado un plan de ayudas urgente para incentivar la compra de vehículos nuevos, no solo eléctricos sino también diésel y gasolina, que ayude a concesionarios y factorías de la grave parálisis causada por el coronavirus. Transición Ecológica se comprometió a principios de mayo a impulsar medidas de estímulo de la demanda a corto y medio plazo. Por ahora, el Ejecutivo solo ha puesto sobre la mesa una segunda edición del Plan Moves de ayuda a la compra de eléctricos, con 65 millones de euros, y requisitos de acceso más flexibles que en la anterior edición, aunque el Gabinete de Ribera contempla ayudas de 200 millones de euros al año hasta 2025 para incentivar la adquisición de modelos de cero emisiones. Por otro lado, España, a través del ministerio de Industria, ha solicitado que un 10% de los fondos de rescate europeos se destine al sector del automóvil. El ministerio que dirige Reyes Maroto sí se ha mostrado abiertamente favorable a aprobar cuanto antes medidas de estímulo con «neutralidad tecnológica» (es decir, que lleguen tanto a los eléctricos como a los híbridos y modelos diésel o gasolina), pero resalta que la falta de unos Presupuestos Generales – se mantienen prorrogados los de 2018- dificulta su aprobación. Puntos de recarga El texto de Transición Ecológica también contempla otras iniciativas que afectan al sector del automóvil, como la obligatoriedad de que las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los cinco millones de litros instalen infraestructura de recarga eléctrica, de potencia igual o superior a 50 kW. También deberán instalarlos las concesionarias de las redes estatales de carreteras. El Gobierno, además, desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga. De igual modo, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación.
FUENTE DIARIO ABC: