Después del pedido de Oscar Parrilli, el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, también pidió ante la Justicia la nulidad de la acusación en su contra en la causa por la firma
del Memorándum de Entendimiento con Irán. También pidió que quede sin efecto la elevación a juicio oral del caso que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner.
Hace cinco años que el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina por la firma del pacto con Teherán. Luego de reiteradas negativas el caso se investigó, y el 5 de marzo de 2018 el juez Claudio Bonadio envió la causa a juicio oral. Pero a pesar de que pasaron dos años, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) que tiene asignado el juicio sigue sin ponerle fecha de inicio. Su argumento para explicar esa demora es el gran tamaño del expediente y la falta de personal para preparar las audiencias. Así lo plantearon sus jueces a la Corte.
El primero en pedir la nulidad del caso en estos días fue el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli. Lo hizo después de que Ana María Figueroa, una de las juezas que intervino en la causa, revelara que sufrió presiones del Poder Ejecutivo durante la gestión de Mauricio Macri. En ese momento, Cristina Kirchner dijo que había sido el ex representante del gobierno ante el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques.
Pero la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa aclaró que no había hablando de Mahiques, actual jefe de los fiscales porteños.
Con este telón de fondo pero apuntando a otros aspectos, el abogado de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, pidió la nulidad de su procesamiento como también de la elevación a juicio oral del caso.
Entre los argumentos expuestos en el escrito de 48 páginas al que accedió Clarín, se remarcó que la instrucción del caso no está concluida, ya que un tramo de la misma sigue en etapa de investigación, “sin embargo, la causa fue elevada a juicio por el entonces Juez Bonadio sin profundizar en torno a la participación que los miembros de Interpol podrían haber tenido, conforme lo indicaran los Jueces de la Cámara Federal”.
Para la defensa de Zannini, al contar con un tramo aún instrucción aquello que se envió a juicio oral “está incompleto”, lo que impide que “las partes conozcan los hechos sobre los que tratará el juicio”. Este punto, es para el abogado central al momento de “garantizar el derecho a defensa de los imputados, ya que es imposible defenderse de algo que no se conoce”.
El tramo que ahora investiga el juez Marcelo Martínez De Giorgi -quien quedó a cargo del juzgado de Bonadio- se centra en el rol de los integrantes de la Interpol y qué decisiones tomaron sobre las alertas rojas que pesaban sobre los ex funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina como responsables del atentado a la sede de la AMIA, en 1994. Esas alertas rojas exigían que sean detenido en cualquier lugar del mundo en el que fueran descubiertos. Según la denuncia de Nisman, al iniciar una suerte de negociación, el objetivo del Memorándum era levantar esas alertas que pesaban -y aún pesan- sobre los iraníes.
Por eso, se comenzó a investigar la participación de Robert Noble – ex secretario general de Interpol- en el presunto encubrimiento a los responsables del atentado.
Para el abogado Fragueiro Frías “es inaceptable” que el juicio se inicie sin tener definido el papel de Noble, “porque no es lo mismo defenderse de un hecho en el que el encubrimiento fue en connivencia con miembros de Interpol que sin ellos”, sostuvo. Y amplió: “Además, los funcionarios de Interpol tienen inmunidad de Jurisdicción, esto significa que no pueden ser investigados por un Juez de Instrucción argentino”.
La acusación
El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, Cristina y varios de sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.
Catorce días después, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el pedido de prisión preventiva y el procesamiento, pero dejó de lado la acusación por traición a la Patria. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah determinaron que los delitos que recaían sobre los imputados eran: estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.
Con esa ratificación de la Cámara, quedó firme entonces que el pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.
En tal sentido, los camaristas explicaron en su resolución que se estableció un cuadro “indiciario, variado y unívoco que corrobora suficientemente los cargos” contra Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.
Se dio la razón a Bonadio, quien había planteado que, cada uno según su aporte específico, “se involucró” en el armado del Memorándum, las negociaciones que lo rodearon y las reuniones establecidas, algunas con carácter de “ocultas y otras públicas”. La Justicia concluyó que hubo un grupo cerrado que conoció los pormenores de la maniobra, “guiada por el ocultamiento, el secreto y la omisión de los canales regulares de actuación”.
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