Cristina Kirchner asumió como vicepresidenta de la Nación con nueve causas elevadas a juicio oral, siete de ellas por casos de corrupción. El primer mensaje oficial que dio el Gobierno fue una dura
crítica a la justicia federal que calificó de “persecutoria de dirigentes políticos” y anunció una reforma del Poder Judicial para depurar al mismo de las “malas prácticas”. El proyecto, que es bien visto por Cristina Kirchner, pareció quedar en suspenso por la pandemia, pero en estos días se retomó. No es la única decisión que en las últimas semanas del coronavirus el Gobierno impulsó y de alguna manera terminaron favoreciendo a la ex presidenta en el complejo escenario judicial que enfrenta.
Desde el inicio de la cuarentena hace casi dos meses, y dentro de la feria judicial extraordinaria, los juzgados y tribunales federales tuvieron que reformular sus herramientas de trabajo para garantizar una guardia mínima. Con la prolongación del aislamiento social, la Corte Suprema ordenó que se amplíen las actividades del fuero. Esto incluyó los juicios orales que ya se encontraban en curso: se recomendó que los Tribunales encuentren la manera de darles continuidad.
Esa fue la primera “buena noticia” para la ex presidenta. El fiscal Diego Luciani que interviene en el juicio en su contra por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, sugirió que se contemple la opción de reanudar las audiencias de forma online. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), responsable de juzgar a Cristina Kirchner y a otros 15 imputados, respondió que tal como están dadas las condiciones, no hay alguna posibilidad de retomar el juicio.
Los jueces señalaron que, para concurrir físicamente a las audiencias, no se cuenta con instalaciones adecuadas. La sala, incluso la más amplia de Comodoro Py, no cuenta con las dimensiones necesarias para respetar el distanciamiento social. Por otro lado, se requirió al Consejo de la Magistratura que informe cuál sería la red más confiable para llevar adelante el juzgamiento de forma virtual, ya que el sistema actual presenta constantes problemas. El juicio sólo se retomará si alguna de estas variables se mejoran, en caso contrario se deberá esperar hasta que concluya la pandemia, lo que plantea una fecha más que incierta.
La situación fue acompañada de otras medidas adoptadas desde el Gobierno, que permitieron aliviar la situación judicial de la vicepresidenta. La Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Félix Crous, informó que se retira como querellante -es decir como acusador- del juicio por lavado de dinero contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de los casos Hotesur y Los Sauces, las empresas familiares dedicadas a la locación de inmuebles.
El titular de la OA anticipó que no será del único caso del que desistirán de intervenir, y volvió a mencionar la necesidad de avanzar con una reforma judicial, ya que a su criterio, el organismo estatal nunca debería haber sido aceptado en los casos de corrupción como querellante. La Oficina es acusadora en cuatro casos más contra Cristina Kirchner: el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública, la investigación conocida como los cuadernos de las coimas y dos derivaciones de la misma, la cartelización en la obra pública y los subsidios al sistema ferroviario.
En caso de renunciar a querellar en estos casos, sólo quedarán acusando a la ex mandataria la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) que aún permanece cumpliendo dicho rol en todos los expedientes mencionados.
Al respecto hay otros dos aspectos a considerar. El TOF 5 que tiene a cargo el juicio por maniobras de blanqueo analiza si devuelve a la familia Kirchner el manejo de sus bienes y empresas. A su vez, el inicio de las audiencias quedó totalmente retrasado ante la orden de realizar una pericia contable que en medio de la pandemia del Covid-19 no pudo iniciarse. Hasta que no concluya esa prueba, no se fijará fecha de inicio.
Hubo otras políticas del Gobierno que se analizaron como una jugada a favor de la vicepresidenta. La primera de ellas fue la presentación realizada por Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, solicitando el arresto domiciliaria a favor de Luis D’Elía, Ricardo Jaime y la excarcelación de Martín Báez (el mayor de los hijos varones de Lázaro). Con dichos escritos volvió a instalar la idea de que existen “presos políticos”, el “lawfare” y la “persecución judicial” hacia algunos dirigentes. Todos argumentos ya formulados por la vicepresidenta.
El presidente Alberto Fernández, y la ministra de Justicia Marcela Losardo buscaron remarcar que no estuvieron al tanto de esa iniciativa, para desligarse de ella. Sólo hubo una visita a la Quinta de Olivos donde el Jefe de Estado preguntó por qué el secretario de Derechos Humanos hizo lo que hizo, siendo que él pidió que se deje de hablar de presos políticos durante su gestión. No ocurrió nada más.
Previo a esto, otra decisión se materializó en la cartera que dirige Losardo. Juan Martín Mena, subsecretario del Ministerio y hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner, quedó a cargo del programa de Testigos e imputados protegidos. El mismo está integrado por personas que declararon en sus confesiones contra la ex Presidenta, como el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Monitoreado por el programa después de regresar a Santa Cruz se encuentra Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner.
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