Torra repite su no a la prórroga, pero no hay frente de los dirigentes del PP, que se centran más en el reparto del fondo no reembolsable. Ayuso protesta por la permanencia de Madrid en fase 0. Por Juanma Romero
Pedro Sánchez se dispone a aprobar una nueva solicitud de prórroga del estado de alarma. La quinta y espera que sea la última, y de “alrededor de un mes”, hasta julio. Sin un plazo temporal aún fijo, porque tiene que ultimar la negociación con los grupos parlamentarios antes del miércoles. El PP votará en contra por primera vez, pero sus líderes autonómicos, pese a la doctrina oficial de Génova, no plantean un frente opositor. O, al menos, no fue eso lo que dejaron patente en la décima conferencia de presidentes. El no más rotundo a la ampliación de la alerta lo pudo escuchar Sánchez del jefe del Govern, Quim Torra, pero no era la primera vez. Entre las comunidades dirigidas por los conservadores, la que expresa su oposición de manera más contundente contra el Gobierno es Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, porque considera que la decisión de Sanidad de que no avance hasta la fase 1 de la desescalada es un “ataque político”, un “choque ideológico” que el Ejecutivo central, sin embargo, niega.
El líder socialista enhebró este domingo una larga exposición ante los mandatarios regionales en la que además les anticipó que había atendido sus propuestas de acelerar la desescalada en el medio rural. Así, las localidades de menos de 10.000 habitantes se equipararán a las de menos de 5.000 y en ellas, por tanto, desaparecerán las franjas horarias, “ya que no hay ningún peligro de aglomeraciones”. Es decir, que en estas poblaciones se podrá salir a pasear y a hacer deporte a cualquier hora, entre las 6:00 y las 23:00. Y desde la fase 2, de la que ya disfrutan desde este 18 de mayo cuatro islas en Baleares y Canarias (y a la que saltarán probablemente la mayoría de CCAA en una semana), los paseos y la actividad física se podrán practicar ya en cualquier municipio a todas horas, menos en la franja reservada a los mayores (de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00).
Sánchez, en línea con lo anticipado la víspera en su comparecencia a los medios, trasladó a los presidentes que va a cambiar “y mucho” la arquitectura del estado de alarma. No habrá más que una autoridad delegada, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y perderán sus facultades extraordinarias los titulares de Defensa, Interior y Transportes. Las CCAA recuperarán competencias y tendrán más voz en la desescalada. Pero el Ejecutivo defiende que necesita esa quinta y última ampliación. “El Gobierno sigue sosteniendo que el estado de alarma ha funcionado y que esta norma es la única manera que tenemos desde el punto de vista jurídico y técnico, la única manera que tenemos de poder restringir la movilidad y la libertad de reunión”, esgrimió.
Para cuando decaiga la alarma, el Gobierno quiere tener lista una nueva arquitectura jurídica que le permita controlar los brotes de coronavirus desde Sanidad. Pero eso será ya a partir de julio, según la previsión de la Moncloa. Lo más inminente, recordó, es que desde este lunes el 70% de España se encuentra ya en fase 1 —se suman Albacete, Ciudad Real y Toledo, Granada y Málaga, todas las áreas de la Comunidad Valenciana, 42 zonas básicas de salud de Castilla y León y casi la totalidad de Cataluña—, mientras Madrid, Barcelona y el área metropolitana y la mayor parte de Castilla y León siguen en la etapa 0, aunque con alivios adicionales. Además, las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa evolucionan hasta el estadio 2.
Para protegerse frente a las críticas que después le llegaron de Ayuso, subrayó la “colaboración” de los equipos técnicos de las tres comunidades con Sanidad. Y recordó que tanto la aceleración de la desescalada en la rural como la incorporación de caza y pesca como actividades permitidas desde la fase 1 es “fruto de este proceso de compartir experiencias, perspectivas”. Fruto de la “cogobernanza de la transición”, reconoció.
Sánchez no se encontró con la oposición a la prórroga de hace dos semanas, cuando a las airadas quejas de Quim Torra y de Iñigo Urkullu se sumaron las protestas de presidentes del PP como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. En aquel momento, la cuarta ampliación estaba en el aire y el Ejecutivo cambió de estrategia. Apaciguó al barón gallego y pactó con el PNV. A partir de entonces, el tono de los dos mandatarios bajó muy sustancialmente. Este domingo, cuando el líder socialista tiene que amarrar la negociación de cara al pleno del miércoles, no se topó con críticas aceradas de los barones del PP en esta cuestión, o no de manera explícita.
Fuentes autonómicas y del Ejecutivo central insistieron a este diario en que los dirigentes conservadores se centraron en las cuestiones económicas —el reparto de los 16.000 millones del fondo no reembolsable—, en la petición de criterios “claros” para la evolución de fase, pero no manifestaron su oposición a la alarma. Pasaron por alto esta cuestión, cosa que no hicieron hace 15 días. Una actitud que llamó la atención a los mandatarios socialistas, porque Pablo Casado ya ha anunciado que su grupo votará no a la quinta extensión, y en esa decisión quedó arropado por sus jefes territoriales.
Sí la reiteró el jefe del Govern. “Hasta que no tengamos todas las competencias, nos opondremos a la prórroga del estado de alarma. Cataluña lleva gestionando la sanidad desde hace 37 años. Conocemos perfectamente cómo queremos gestionar estas competencias y creemos que la autoridad competente debemos ser nosotros mismos”, sostuvo Torra.
Protesta de Madrid
Núñez Feijóo, según fuentes de la Xunta, agradeció al Gobierno central “que tuviese en cuenta las peticiones de Galicia” en cuestiones capitales como las rebajas —finalmente permitidas en todas las fases desde el lunes, siempre y cuando no se generen las aglomeraciones—, la autorización de la caza y pesca deportivas y la apertura de establecimientos de más de 400 metros cuadrados, aunque acotando el espacio. El barón gallego sí reclamó que en las salidas de los niños puedan participar ambos padres (en lugar de un progenitor) y que haya un “criterio único” en materia de educación y servicios sociales para las próximas semanas de desescalada, y estimó que es necesario que el Estado “coordine” con las CCAA el ingreso mínimo vital. También urgió a cerrar “este mismo mes” los criterios para el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las CCAA.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, centró sus críticas en la permanencia de la región en la fase 0. Pidió explicaciones por la decisión y preguntó por qué no se publican todos los informes técnicos de los expertos que avalan las evaluaciones de Sanidad.
El Confidencial