La singular desescalada del coronavirus en el País Vasco, más restrictiva que en el resto de Comunidades Autónomas que han avanzado a la fase 1, genera dudas incluso en el seno de
la propia administración. Ya lo dijo Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno, tras el Consejo del pasado martes: «Hay alguna discrepancia» en torno a la interpretación de la normativa, sobre todo en lo que respecta a la libertad de circulación. Una de las mayores polémicas es la que se ha generado en torno a la prohibición de las reuniones en el domicilio, algo que sí se permite en otros territorios pero no en Euskadi. La controversia ha llegado a las propias Fuerzas de Seguridad. Sectores de la Ertzaintza y de las Policías Municipales defienden que el decreto que aplicó el lendakari, Iñigo Urkullu, no puede invalidar el plan de transición hacia a la «nueva normalidad» del Gobierno central. En este sentido, el sindicato Si.P.E. instó ayer a los agentes a permitir la libertad de movimiento en el interior de la provincia y las reuniones familiares. «¿Se puede transitar libremente por el territorio histórico en el cual tengamos nuestro domicilio? Sí -afirma la central en un comunicado-. ¿Se puede estar en un domicilio de un amigo o un familiar que esté dentro de la unidad territorial de nuestro domicilio? Sí». Expertos juristas consultados por ABC coinciden en que algunas de las limitaciones impuestas en la Comunidad Autónoma vasca carecen de «fundamento», incluida la de impedir las reuniones de hasta 10 personas en pisos. Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), incide en que la «interpretación» que hace el Departamento de Seguridad para ello «carece de ningún encaje» legal. «Podríamos discutir si esta medida encajaría o no legalmente, pero es que el decreto del lendakari no dice nada en absoluto sobre ello -apuntó-. ¿De dónde se ha sacado el Departamento de Seguridad esa interpretación?». El catedrático subrayó el hecho de que se desconoce todavía qué es exactamente lo pactado por los Gobiernos central y vasco. Al hilo de este asunto, el secretario de organización de Si.P.E, Juan Carlos Sáenz, ha enviado sendos escritos a Iñigo Urkullu y Pedro Sánchez en los que reclama una «copia del acuerdo» entre ambos o, en su defecto, «las medidas acordadas al que se refiere el Real Decreto 51/2020». Confusión Las diferentes directrices en torno a la libertad de circulación han derivado en casos de confusión entre cuerpos de Policía. Ejemplo de ello es lo que sucedió el pasado martes, a raíz de que la Policía Local de Vitoria publicara en la página web del Ayuntamiento que las reuniones entre familiares y amigos «están permitidas siempre que se mantengan las medidas de seguridad e higiene». Los municipales se ciñen a lo establecido en el artículo 7,2 de la orden recogida en el BOE. Sin embargo, el Departamento de Seguridad realiza una lectura diferente, pues entiende que la prohibición por parte de la Ertzaintza de estos encuentros no contraviene la orden ministerial porque en ella «no se habla en ningún momento de que se permitan en domicilios».
FUENTE DIARIO ABC: