Uruguay se perfila como eslabón pesquero de China, planteando perspectivas sensibles para los intereses ictícolas de Argentina en el Atlántico Sur. Iniciativa Global Contra el Crimen
Organizado Transnacional advierte sobre la complicidad uruguaya con relación a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La ONG C4ADS destaca que el puerto de Montevideo se ha convertido en uno de conveniencia que no solo descarga pesca ilegal sino que también recibe embarcaciones con tripulación en condiciones de abuso de derechos humanos. El diario El País de Uruguay ha informado que se desembarca aproximadamente un muerto por mes de la flota furtiva.
Este comportamiento polémico resulta paradójico al haber ratificado el acuerdo INDNR sobre pesca ilegal de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De acuerdo a declaraciones oficiales uruguayas, la pesca ilegal es una mera infracción. Una anomalía jurídica que, por sus efectos y la normativa internacional, merecería reconsideración. Es de imaginar que ese proceder desilusionante debe estar relacionado con el escaso movimiento del puerto de Montevideo. La única limitación que ha aceptado Uruguay ha sido la de restricciones portuarias a buques con bandera de Malvinas, tal como dispuso el Mercosur. Sin embargo, en 2019 se detectaron varias incursiones con pabellón ilegitimo isleño incluyendo buques españoles que operan en las aguas circundantes al archipiélago.
El panorama podría acentuarse con la construcción de un puerto chino en las inmediaciones de Montevideo, similar al de Mauritania, Guinea Bissau y Ghana. Una base pesquera y portuaria autónoma China en la costa del Atlántico Sudoccidental perseguirían, entre otros, aumentar la rentabilidad y reducir el subsidio al combustible como cuestiones operativas para que la flota pueda permanecer de manera continua en la región sin tener que regresar a puertos de origen. También aumentar el número de barcos. El tema es preocupante por cuanto China podría incluso aspirar a tener presencia en el espacio de pesca argentino uruguayo, en el marco de los artículos 74 y 75 del Tratado del Rio de la Plata y su Frente Marítimo. En el pasado barcos coreanos recibieron licencias expedidas por autoridad uruguaya.
El interés chino por Uruguay también se refleja en materia de investigación científica y Oceanográfica. Un reciente acuerdo proyecta un laboratorio conjunto para el análisis del estado de las especies en el caladero. El instrumento, firmado entre Universidades, permitiría interpretar que se intenta bajar el tono diplomático a la investigación pesquera de China que optimizaría el rendimiento de la enorme flota que cubre el Atlántico Sur. Sería epicentro técnico que ampliaría de manera sustantiva el conocimiento ictícola que ya le otorga la red satelital que dispone.
Con el respeto que merece Uruguay en sus decisiones, debería dejar de ser punto neurálgico de una actividad que la FAO se esfuerza en que sea eliminada. Un sinceramiento bilateral pesquero podría ser un primer paso para combatir conjuntamente la sobreexplotación ilegal de especies migratorias del caladero argentino. Esperemos que el nuevo ciclo gubernamental en Uruguay sea estímulo diplomático en ese sentido.
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