El gobierno de Bolivia dio un paso histórico al autorizar la “evaluación del maíz, la caña de azúcar, algódón, trigo y soya (sic), genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al
abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”, lo cual permitiría triplicar en pocos años de la producción de granos actual en ese país, estancada en poco más de 4 millones de toneladas (un 3% de la cosecha total argentina).
Por el Decreto Supremo N° 4232, la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, en consejo de ministros, autorizaron al Comité Nacional de Bioseguridad establecer en un plazo máximo de 10 dias hábiles los “procedimientos abreviados para la evaluación de los materiales genéticamente modificados” y como disposición adicional única “deberán tener en consideración las acciones y medidas adoptadas por países vecinos”, entre ellos la Argentina.
Se trata de un paso histórico en la politica agropecuaria de Bolivia, luego de más de una década de gestiones para que se abra la posibilidad del uso legal de todos los eventos de la biotecnología disponible en semillas.
La larga demanda de los agroindustriales se habilita en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que tiene a ese país en cuarentena desde hace 52 días, y en el decreto se invocan cuestiones de seguridad alimentaria y la intencipon de promover el desarrollo socioeconómcio a través de las organizaciones productivas rurales.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) calificó la decisión de “acertada” porque permitirá mejorar la productividad y competitividad, garantizar la seguridad alimentaria y aumentar la exportación para afrontar la crisis provocada por la pandemia.
Sin embargo, más de una veintena de organizaciones agrupadas en la Plataforma Agroecológica lanzaron un manifiesto de rechazo y pidieron la derogación de la norma que “pone en riesgo la diversidad biológica de especies nativas, atenta contra la naturaleza y activa un debate inoportuno” Y acusaron a Áñez de “aprovechar la pandemia”.
Según los agroindustriales, el tercer rubro en importancia después del gas natural y los minerales, la biotecnología “incrementará la producción, cuidará los recursos naturales y reducirá el uso de agroquímicos”.
Hasta ahora sólo estaba permitido el uso de un tipo de soja resistente a la sequía y las plagas. La constitución aprobada en 2009 por el entonces presidente Evo Morales obligaba a concertar una ley específica para el uso de semillas genéticamente modificas.
Sin embrago, fue el propio Morales quien en abril del año pasado amplió por decreto el uso de transgénicos de la soja destinada a la producción de biodiésel con el objetivo de reducir la importación de gasolina.
Desde la Agro Consultora Mercados Bolivianos, integrada por consultores argentinos, coincidieron con la visión de la ANAPO ̈y estimaron que el salto productivo esperado significaría “un movimiento económico de 2,8 mil millones de dólares, que serían distribuidos en toda la cadena productiva de alimentos, con un efecto multiplicador importante para dinamizar la economía, valorizar las tierras y para generar más de 300 mil empleos directos e indirectos”.
Describieron que el agro de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano, se puede pensar como “una continuidad del Mato Grosso Brasileño por más de 650 kms hacia el centro de Bolivia, donde producto de la globalización hay acceso a la mejor tecnología agro técnica con mucha influencia brasileña y argentina, crédito bancario y comercial en moneda local a tasas internacionales, de acceso relativamente sencillo por normativa del gobierno y sobre todo millones de hectáreas a ser desarrolladas”.
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