Tras un largo viaje, al abandonar su natal Gambia con 15 años, S. H. J. ingresó el pasado febrero en el Centro de Primera Acogida de Menores del distrito madrileño de Hortaleza.
El 12 de marzo, todavía menor de edad y apenas unos días antes del inicio del estado de alarma por el Covid-19, fue expulsado y dado de baja del sistema de protección de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, S. H. J. ha sobrevivido en la calle en plena pandemia. No obstante, una juez ha dictaminado que el Gobierno madrileño resuelva su situación y proceda al ingreso del menor en un «centro adecuado con todos los derechos inherentes al sistema de protección de los menores emigrantes no acompañados». La semana pasada, el Juzgado de Primera Instancia número 80 de Madrid ordenó la suspensión de la resolución de la Consejería de Políticas Sociales que acordaba el cese de la tutela del menor. Una decisión que se tomó después de que la Fiscalía impusiera la realización de pruebas médicas para determinar la edad de S. H. J. El menor se negó a someterse a ellas que, entre otras, suponían la exploración de sus genitales. Desde que el 5 de marzo la Comisión de Tutela del Menor decretara su mayoría de edad, el menor «ha tenido que ingeniárselas por sí solo y, aunque ha solicitado plaza a varias organizaciones, le han rechazado por ser menor y por estar saturadas por el Covid-19», denuncian desde la Fundación Raíces. En las últimas semanas, el refugio de S. H. J. ha sido un piso okupado, «en condiciones de extrema precariedad, sin luz ni agua, saliendo diariamente para acudir a los baños públicos a asearse y a conseguir comida de cualquier manera, a riesgo de ser sancionado por las autoridades», esgrime la asociación. Fue esta oenegé la que denunció, el pasado 4 de mayo, la situación de desamparo del joven y solicitó la medida cautelar urgente de protección de menores del artículo 158 del Código Civil, para que la administración madrileña se hiciera cargo de la protección de S. H. J. Dos meses más tarde, el auto judicial salvará de la calle al niño gambiano, que solo es uno de «los cientos de menores que sufren las terribles consecuencias de un procedimiento para determinar su edad que vulnera sus derechos, como ha constatado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus siete dictámenes condenatorios a España», tras los casos que la Fundación Raíces ha hecho llegar a Ginebra, según expone la oenegé.
FUENTE DIARIO ABC: