Su abogado explicó a NPY que recién este miércoles les fue proveída la otra parte de los antecedentes de la carpeta fiscal, por lo que procederán primero a
“El tema de una declaración indagatoria solamente aporta cuando podés referenciar lo que decís. Hoy se abstuvo porque no tenemos toda la documentación del caso”, precisó el representante legal.
El letrado se refirió también a la demanda que entabló Melgarejo al empresario Ignacio Pidal, a los efectos de investigar las afirmaciones que vertió públicamente sobre el caso de sobrefacturación.
“El acta de imputación denota que esta persona instaló afirmaciones falsas a los efectos de que se genere una persecución penal”, manifestó.
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Al margen de ello, señaló que la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en primera instancia no está justificada.
“El Ministerio Público señala una supuesta obstrucción respecto a un testigo en particular. Según el orden jurídico este testigo ya declaró, entonces, no se puede obstruir una diligencia que ya se realizó”, argumentó.
Fiscalía sostiene que Melgarejo debe tener prisión preventiva
El fiscal Osmar Legal insistió en que la medida cautelar es aplicable en atención a lo manifestado por el empresario, quien dijo haber recibido amenazas. Actualmente, el ex titular de la Dinac cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria.
“Ese peligro hace de que nosotros veamos la posibilidad de obstrucción dentro del proceso y creemos que la prisión preventiva es la medida cautelar que debe tener”, aseveró.
Por el caso también están procesados por lesión de confianza Juan Carlos Turitich Báez (gerente financiero), Marcelo Rubén Ovelar González (coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones), Luz María Chamorro Báez (gerente administrativa) y José Fernando Gallardo de Brix (administrador del Aeropuerto Silvio Pettirossi).
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El caso salió a la luz luego de varias publicaciones y reclamos en redes sociales sobre los altos costos de los insumos que fueron adquiridos por la institución en el marco de la pandemia del Covid-19.
La compra de mascarillas para la Dinac fue por unos G. 120 millones. La investigación fiscal corroboró que la empresa que suministró los 4.000 tapabocas y un consorcio tenían un contrato de mantenimiento con la institución y que serían firmas de maletín. Esta situación obligó a Melgarejo a renunciar al cargo.