Razones médicas adujo el juez de Ejecución Penal Claudio Brun para solicitar una licencia. La Cámara Penal bahiense se la concedió y nombró a dos reemplazantes del magistrado, en la mira
por la concesión de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus. El lunes pasado, legisladores del Frente de Todos presentaron de manera virtual una solicitud de juicio político.
Brun estaba a cargo de los dos juzgados del fuero en Bahía Blanca, en uno como titular y en el otro como subrogante. Desde el inicio de la cuarentena, a ambos ingresaron más de 150 peticiones de beneficios para condenados alojados en las unidades penales 4 de Bahía Blanca y 19 de Saavedra, entre ellos violadores.
El juez rechazó más de medio centenar y concedió unas 30, entre ellas la que impulsó la solicitud del jury. Es la de Néstor Luis Ibars, condenado a 7 años de cárcel en 2015 por el abuso de una chica de 17 años con retraso madurativo. La familia de la víctima dijo que se enteró del otorgamiento del beneficio a través de la prensa.
Cuando la polémica ya había trascendido, Brun suspendió el beneficio para Ibars, porque la mujer con la que convivía en la ciudad de Punta Alta dijo que se sentía amenazada y habían atacado su casa. El juez dispuso entonces que el abusador, que cumplía condena en la cárcel de Saavedra, fuera alojado en la de Bahía Blanca, aislado del resto de los internos.
Desde su juzgado, desvincularon esa decisión con el pedido de enjuiciamiento que ya había sido anunciado desde el Observatorio de la Cámara de Diputados de la Nación que preside Sergio Massa. Argumentaron que lo denunciado por la mujer representaba “un hecho nuevo” y habilitaba al juez a revisar la prisión domiciliaria.
“Para mí, la decisión de volver para atrás con el beneficio para Ibars es casi una autoincriminación de que había cometido irregularidades”, dijo el diputado provincial massista Pablo Garate, uno de los patrocinantes del jury contra contra Brun. “Lo hizo para zafar y mantener su cargo”, agregó el legislador del Frente de Todos.
Para Garate, el juez incumplió con la ley nacional de víctimas y la ley de protección integral de la mujer. “Tampoco dio intervención a la asesoría de incapaces, teniendo en cuenta que la víctima tiene un retraso ni dio parte a su familia en el proceso”, añadió el diputado en declaraciones a Radio Universidad de Bahía Blanca.
El legislador dijo que se cuestiona la actuación del juez en otros casos. “Hay muchos más en los cuales las víctimas no tuvieron voz y ni se pudieron defender. Se dio una salida casi sistemática y masiva de algunas personas que cumplían condenas muy graves”, argumentó Garate.
Antes del pedido de jury, Brun había solicitado a Cámara de Garantías bahiense que nombrara un reemplazante al frente del Juzgado 2, debido a la carga laboral que le implicaba hacerse cargo de su despacho. Luego, el magistrado habría sufrido un pico de estrés lo que lo llevó a pedir licencia.
Sus colegas del fuero criminal Hugo de Rosa y Eduardo D’Empaire, respectivamente, estarán a cargo de los despachos de los juzgados 1 y 2.
El lunes último, la secretaría permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia recibió la primera denuncia para impulsar el juicio político contra Brun.
Bahía Blanca. Corresponsal.
EMJ
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