Instituciones Penitenciarias ha informado este lunes del acercamiento de dos nuevos presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Se trata de Josune Oña Ispizúa y Álvaro Juan Arri Pascual, que
serán trasladados, respectivamente, a los centros penitenciarios de Logroño y Burgos. Este último fue condenado por delitos de sangre, ha denunciado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha vuelto a exigir al Ministerio de Interior la necesidad de que los reclusos colaboren con la Justicia y hagan autocrítica antes de disfrutar de este tipo de beneficios. Concretamente, Arri Pascual fue condenado por un atentado perpetrado el 29 de julio de 1994 en la plaza de Ramales de Madrid y en el que murieron el teniente general Francisco Veguillas, el conductor de su vehículo y un trabajador que descargaba en la zona. Según ha informado el Ministerio de Interior, este preso de Castellón II ha cumplido ya tres cuartas partes de su pena y «ha aceptado la legalidad penitenciaria», por lo que será trasladado a Burgos. «Con esta decisión, el Ministerio del Interior confirma su voluntad de trasladar a presos con delitos de sangre iniciado con el acercamiento de Arregi Erostarbe “Fitir” el pasado mes de diciembre», ha advertido en un comunicado la AVT, que añade que esto supone «sin lugar a dudas una progresión más en su política de traslados que en un primer momento se limitaba a presos sin delitos de sangre». La otra presa que será acercada es Josune Oña, que fue detenida por colaborar con banda armada, atentado, falsificación de documento público y tenencia ilícita de armas y que en la actualidad se encuentra en Alicante. Interior ha propuesto su progresión a segundo grado y su traslado a Logroño, «cercano a su entorno familiar». Por otro lado, Instituciones Penitenciarias ha informado de la concesión del tercer grado a José Ramón Foruria, que cumple 30 años de condena por el delito de atentado en Bilbao. Son ya cinco las concesiones de tercer grado concedidas en el marco de la nueva política penitenciaria de Sánchez, ha advertido la AVT. «Como ya es habitual, en ninguno de estos cuatro casos se ha exigido el requisito de colaboración con la justicia tal y como viene fijado en el Código Penal y en la legislación penitenciaria», destaca. Paralelamente, este mismo lunes Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís han firmado un manifiesto en el que urgen al Gobierno central a «adoptar medidas alternativas a la privación de libertad» para «garantizar el derecho a la salud de las personas presas». Según ha informado el PNV, los grupos políticos firmantes del manifiesto «no dudan de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior para frenar los contagios en los centros penitenciarios y evitar la propagación del virus». «No obstante, recalcan que es “absolutamente prioritario” adoptar medidas más exigentes “para que las personas presas permanezcan en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y adecuadas”», apuntan.
FUENTE DIARIO ABC: