Por la agudización de la crisis económica, 2019 cerró con 17 millones de pobres

del cuarto trimestre de 2019. De allí surge que el país terminó en 2019 con 38,3% de pobreza, 8,7% de indigencia y 55,8% de pobreza infantil ( menores de 14 años). 

Con la caída de la actividad económica, agravada por la pandemia y la cuarentena, la pobreza habría pegado otro fuerte salto – ubicándose ya por encima del 45% cuando se mantienen, aunque más aliviadas,  las restricciones a la actividad– por las reducciones salariales, las cesantías de trabajadores informales y la falta de ingresos de los trabajadores por cuenta propia e independientes, a pesar de los paliativos tomados por el Gobierno como el bono de $ 10.000 a más de 8 millones de personas o familias que, la mitad, aún no pudo cobrarlos. 

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Proyectados los  porcentajes de la EPH al total de la población urbana, representan 15.700.000 de personas pobres. Si ese 38,3% abarcara a toda la población incluyendo al sector rural (45 millones), habría unos 17.200.000 de pobres.

De esos totales la indigencia o extrema pobreza se ubicó en el 8,7% equivalente a 3,500.000 indigentes urbanos y 4 millones a nivel país.

A pesar que los 2,2 millones de padres de 4 millones de chicos cobran la AUH (Asignación Universal por Hijo), los datos muestran que entre los chicos menores de 14 años la pobreza fue del 55,8% y la indigencia infantil del 14,7%. Esto significa que 5.600.000 menores de 14 años viven en hogares pobres. Y de estos números, los chicos que viven en hogares indigentes – porque tienen ingresos por debajo de la canasta de alimentos básicos—es del 8,7% o casi 1,5 millones de chicos.

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Con estos números el balance de la gestión de Mauricio Macri marca que la pobreza se incrementó en más de 4,4 millones de personas al pasar del 29/30% a fin de 2015 (según las mediciones de UCA, CEDLAS y otras) al 38,3%.

La comparación con mediciones privadas, como las de la UCA, CEDLAS y tantas otras se debe a que los datos del INDEC de ese período no son confiables.

Por la falta de confianza en las estadísticas oficiales entre 2007 y 2015 – bajo las dos presidencias de Cristina Kirchner-, el INDEC aclara en sus informes que “conforme a la emergencia estadística, el INDEC ha dispuesto que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015, deben ser consideradas con reservas”.

A partir de abril de 2016, el INDEC inició una nueva serie de pobreza y para el segundo trimestre de 2016 ya midió una pobreza en el 32,2% por la devaluación de comienzos de ese año. Luego en el segundo semestre de 2016 bajó al 30,3, al 25,7% en la segunda mitad de 2017 y se disparó a partir del año siguiente por la combinación de recesión con alta inflación:  en 2018 subió al 32% y el año pasado cerró con el 38,3% en el cuarto trimestre.

La novedad en los últimos dos años es el incremento de la pobreza entre los ocupados en los tres niveles: trabajadores registrados, no registrados y por cuenta propia. Fue como consecuencia de dos fenómenos: los aumentos salariales fueron inferiores a la evolución de las canastas básicas de alimentos y además hubo una pérdida de empleos registrados y un incremento de los asalariados informales, con salarios mucho más bajos.

En lo que va de este año, aunque el supercepo al dólar y los congelamientos de las tarifas de servicios públicos y combustibles redujeron los niveles de inflación, el desplome de la actividad – con estimaciones de una baja del 7% del PBI- y el achique de los ingresos de las familias, que aún continúan,  anticipan un fuerte crecimiento de las mediciones de pobreza e indigencia, acercándose a los niveles de más del 50% de 2002,  con el derrumbe de la convertibilidad.