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Afirman que las compras en Desarrollo Social estaban cartelizadas y que la semana próxima se regulariza la entrega de alimentos

Redacción TN by Redacción TN
9 mayo, 2020
in Politica
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El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente de Barrios de Pié, Daniel Menéndez, afirmó hoy, que tras la denuncia de sobreprecios, el Gobierno

le “quitó el negocio a tres o cuatro familias que estaban haciendo enormes negocios a través de la compra y distribución de alimentos” para los pobres.

Después del cambio del sistema en las compras “hora compramos de manera mucho más transparente de como venía siendo” y esto les permitirá la semana próxima regularizarla distribución de alimentos en barrios necesitados de todo el país.

En declaraciones al programa “Dato sobre Dato” de radio Milenium, Menéndez dijo que antes “había un esquema de dos o tres, ni siquiera empresas, oficinas en determinados lugares de la Ciudad de Buenos Aires que compraban a determinadas empresas y le cambiaban la etiqueta de la marca para terminar vendiéndola y a partir de esa concentración en el esquema licitatorio del Ministerio de Desarrollo Social pretendían precios exorbitantes”.

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“Hoy se está procurando a regularizarse la entrega de alimentos a través de otra compra que garantiza que haya mucho más oferentes, que haya una plataforma que tenía el estado para poder inscribirse y poder comprar, vamos camino a buscar que se le compren a productores de la zona con una lógica mucho más descentralizada, que sin duda genera más trabajo” agregó el funcionario. “Uno pagaba más por el transporte que por el alimento en sí. Esta modificación nos agarra en el medio de la urgencia por el alimento, nos pone en el desafío de hacerlo bien y rápido”, añadió Menéndez.

En marzo, el ministerio de Desarrollo Social compró en forma directa aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas por un total de 574,5 millones de pesos que incluían sobreprecios. El escándalo provocó la renuncia de Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social, entre otros funcionarios. En base a una denuncia de la abogada Silvina Martinez, el fiscal Guillermo Marijuán allanó de cinco compañías que participaron de la compra directa: “Equis Quince S.A., Copacabana S.A., Sol Ganadera S.A., Alimentos Generales S.A. y Teylem”. Ahora se espera que Marijuan defina las imputaciones y llamados a indagatoria.

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“Cambiamos une esquema licitatorio en el medio de una pandemia insólita. Implicaba una gran rapidez y un gran esquema de gestión alternativo que me parece que quienes están trabajando en esa tarea están trabajando para resolverlo”, explicó.

Sobre los problemas para la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que fue una de las causas de la renuncia del titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, Menéndez, dijo que “se esperaba un programa para abastecer a tres millones de trabajadores informales y nos dimos cuenta que en la Argentina hay 12 millones de trabajadores informales”. “Terminaron siendo un poco menos de 10 millones y luego aparece el problema de la implementación. Ha habido inconvenientes. Ojalá que las nuevas autoridades del ANSES pueda encontrar mecanismos para que la situación de acceso a este nuevo derecho pueda hacerse de manera inmediata”, subrayó.

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El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y amigo del Papa Francisco, Juan Grabois, dijo sobre estos problemas “ahora no roban y no hacen”. Al preguntarse sobre esa declaraciones de Grabois, Menéndez señaló que “son críticas validas que hablan de la urgencia y necesidades y son críticas que quienes estamos en la función pública las tenemos que atender”. “Está claro que el mundo de los movimientos populares tenemos claro que si a Alberto Fernandez le va mal con este programa le va mal a todos. Hay un modelo de país de salida de esta crisis que se tiene que hacer bien, no hay margen para errores”, aseguró.

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