La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha anunciado en la Sección Tercera del Tribunal Supremo la presentación de un recurso contencioso administrativo
contra el nombramiento a dedo de altos cargos del Gobierno que de acuerdo a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, deberían ser funcionarios de carrera. No es la primera vez que acuden a los tribunales por una situación así, pues ya hubo impugnaciones de nombramientos durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. La jurisprudencia permite excepciones en el nombramiento de directores generales ajenos a la función pública, pero para la Fedeca, lo que pudiera ser excepción ha devenido en norma. El anuncio del recurso se presentó el pasado mes de marzo y está dirigido contra el Real Decreto que el 28 de enero estableció la estructura de los ministerios. En el preámbulo se fijaban hasta 20 excepciones de la reserva funcionarial argumentando razones como la necesidad de un bagaje o una experiencia laboral previa no exigible a un empleado público. Según explica a ABC el presidente de Fedeca, Jordi Solé, la impugnación no sólo incluirá a esos 20, sino también a los que se han venido nombrando desde entonces sin cumplir los parámetros que marca la legislación. El último nombramiento ha sido el del director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, cuyo puesto ha confirmado este miércoles el Boletín Oficial del Estado. «Nos disgusta, en primer lugar, que la proporción en direcciones generales (de personas ajenas a la función pública) duplica al que más veces lo hizo, pero sobre todo nos entristece el momento. Parece que no hemos aprendido nada», apunta. Se refiere a que el sistema por el que se fija que sea un funcionario el que ocupe este tipo de puestos se implantó en las democracias para evitar el nepotismo y sobre todo, para garantizar la profesionalización de la Administración Pública. «No sale gratis poner a personas cuyo mérito principal es la alta política. Eso no garantiza que la decisión administrativa que vayan a adoptar sea la adecuada«, expone. Para Fedeca, «duele especialmente que esto vuelva a pasar y encima, sin luz ni taquígrafos». «S i alguien en el Gobierno quiere cambiar este sistema, que ponga el debate sobre la mesa y nosotros expondremos nuestros argumentos. Y si a pesar de ello, optan por otro modelo, vale. Pero así, de tapadillo, no«, apunta Solé.
FUENTE DIARIO ABC: