Las conclusiones de la Sindicatura de Cuentas apuntalan la línea de investigación abierta en el Tribunal Supremo: la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) incumplió la legislación vigente con un «fraccionamiento» de
contratos cuando la dirigía Laura Borràs, actual diputada de Junts per Catalunya (JpC) en el Congreso. A Borràs la investiga el Tribunal Supremo por supuestamente haber adjudicado irregularmente a un amigo –un programador informático– un total de 18 contratos por valor de 259.863 euros, entre 2013 y 2015.Hoy miércoles, la Sindicatura de Cuentas, un órgano externo que fiscaliza la gestión económica del sector público de Cataluña, ha dado a conocer un informe en el que concluye que se adjudicaron diversos «contratos menores por importes acumulados superiores al máximo permitido para el contrato menor». Se incumplieron, según la Sindicatura, dos artículos de la ley de contratos del sector público. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha hecho una lectura bien distinta de estas conclusiones de la Sindicatura, y ha anunciado que aportará el informe al Supremo porque, según él, acredita que la ahora diputada «no ha cometido delito alguno». En parecidos términos se ha pronunciado el vicepresidente primero del Parlamento catalán, Josep Costa (JpC), para quien «la acusación ya empieza a desmontarse».
FUENTE DIARIO ABC: