María Inés Piñeiro Bertot, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 6 de San Martín, es la segunda jueza con pedido de juicio político por haber otorgado la
href=”https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-axel-kicillof-despego-liberacion-presos-apunto-procurador-julio-conte-grand_0_L2lZP2UJS.html”>domiciliaria a un violador, luego del pedido de jury de enjuiciamiento a Claudio Orlando Brun realizado por un legislador del oficialismo.
La presentación fue realizada por Antonia Méndez Martínez, madre de la menor abusada, acompañada por el diputado Jorge D’Onofrio, debido a que la jueza Piñeiro Bertot decidió darle la domiciliaria a Antonio Armando Di Palma, acusado por al menos dos casos de violación.
Se trata de el segundo caso de un magistrado con pedido de juicio político, luego de que el lunes se conociera el jury contra el juez Brun, de Bahía Blanca, por haber otorgado la prisión domiciliaria a Néstor Ibars, quien en 2015 recibió una pena de 7 años por abusar de un menor con retraso madurativo, medida que debió dio marcha atrás y se ordenó que vuelva al penal.
Este martes, la solicitud contra la jueza de San Martín, realizada por la madre de una víctima y acompañada por el legislador massista, fue realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por “faltas graves, violación de los deberes inherentes a su cargo y comisión severas irregularidades al beneficiar a un peligroso abusador de menores”.
Este segundo jury contra un juez bonaerense, se conoce horas después de que la Corte de la Provincia suspendió el hábeas corpus que permitía las excarcelaciones masivas.
Según consigna la presentación, el 7 de abril la jueza Piñeiro Bertot decidió concederle el arresto domiciliario a Di Palma, quien cumpliría en la casa de un familiar en la que viven 7 personas, 2 de las cuales son menores de edad, pese a la la oposición de la fiscalía que consideraba que debía seguir preso
La magistrada se apoyo en la pandemia COVID-19 para enviarlo a un domicilio particular y sin pulsera electrónica. El hombre está estaba preso esperando su juicio oral y enfrentaba una acusación por: corrupción de menores agravada en concurso ideal con abuso sexual simple -al menos dos hechos- concurriendo este materialmente con abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa -al menos tres hechos-, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.
De esta manera, los pedido de jury de enjuiciamiento contra magistrados bonaerenses que beneficiaron a presos se comienzan a multiplicar, en medio de una polémica que sigue creciendo y que preocupa a los gobiernos tanto nacional como provincial.
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