La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ponga fin a la investigación de dos de las 25 piezas abiertas de la macrocausa
Tándem, las denominadas «Iron» y «Land», las primeras que tocarán a su fin en el caso que investiga los ilícitos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. Según ha informado este martes el Ministerio Público, tras más de dos años de investigación ambas ramas de la causa están listas para pasar a procedimiento abreviado, que equivale a la fase de procesamiento en las causas con sumario, es decir, el paso previo a la apertura de juicio oral. Una vez el juez Manuel García Castellón lo acuerde, serán así estas dos piezas, que fueron la segunda y la tercera en incoarse, las que abran plaza contra Villarejo. «Iron» se centra en el encargo que recibió el comisario del bufete de abogados Herrero&Asociados. Se trataba de averiguar si un despacho de la competencia, Balder IP, al que se habían «mudado» varios de sus trabajadores, le había sustraído sus bases de datos para robarles clientes. Por el camino, se fraguó incluso un ataque informático. El precio, medio millón de euros. Clientes y policías Por este asunto están imputados por delitos de cohecho además de los tres socios del despacho Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez y la directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno, la propia persona jurídica Herrero & Asociados. Para nutrir el encargo, Villarejo habría recurrido a datos de bases policiales o al acceso que los agentes tienen prioritario a información empresarial, como movimientos bancarios o listados de tráfico de llamadas. Una decena de policías han sido imputados en esta pieza por esa presunta colaboración con la red, incluido el que fuera jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, a quien el comisario se refería como «Big» o «El Gordo». Esta pieza, además de facturas y correos electrónicos, cuenta con una batería de audios en los que se puede escuchar al comisario explicando a sus «clientes» que hay gente a la que hay que «untar» para acceder a ese tipo de datos privados, como de Hacienda. «Tú sabes que esto es más ilegal que una patata», llega a decir en una de las conversaciones. Land, la «pieza rosa» Por otra parte, se pide el cierre de las pesquisas de «Land», considerada «la pieza rosa» del caso Villarejo. En este caso, los investigados son los administradores de Procisa, la constructora que fundó el fallecido Luis García Cereceda, célebre por la urbanización de lujo en Madrid llamada «La Finca», así como las tres mercantiles en las que la compañía se escindiría después. En concreto, la investigación apunta a que Susana García Cereceda, su socio Francisco Peñalver, su jefe de Seguridad, David Fernández, incurrieron en presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos al contratar a Villarejo en la pugna por la herencia. El proyecto arrancó en 2013, se desarrolló durante tres fases y le reportó 340.252 euros. Entre sus «tareas», monitorizar a Jaime Ostos Alcalá, marido de la otra gran heredera de Procisa, Yolanda García Cereceda, e hijo del célebre torero. Se trataba de «conocer sus ‘debilidades/irregularidades’» para después «rentabilizar la información» obtenida, así como «generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa». El objetivo, manipular a su esposa. No fue el único sometido a espionaje para una «intoxicación» informativa posterior. El conocido como ‘arquitecto de los famosos’, Joaquín Torres, amigo íntimo de Luis García Cereceda, figura en la causa como perjudicado, igual que la viuda del empresario, Silvia Gómez Cuétara, también víctima de escuchas y seguimientos. En este caso, está también entre las víctimas el director de la agencia de investigación Método 3 porque precisamente, un informe que elaboró para Gómez Cuétara acabó entre los archivos del comisario Villarejo incorporado al proyecto Land.
FUENTE DIARIO ABC: