La Administración del Estado ha sentado los mimbres para la vuelta a la actividad. La ministra de Función Pública, Carolina Darias, ha firmado con los representantes sindicales un marco para la vuelta
progresiva a la normalidad de los empleados públicos de este sector. Según el borrador de resolución de Función Pública al que ha tenido acceso este periódico, las oficinas de atención al público podrán abrir desde el 25 de mayo con cita previa y limitación del aforo. Se dará en la Fase II, por lo que dependerá de la evolución sanitaria de cada provincia, y las oficinas podrán estar abiertas hasta las 21.00 horas. Este punto tiene una variante y es que la atención presencial para presentar la declaración de la Renta no arrancará el 13 de mayo, como estaba previsto, sino más adelante, describen fuentes de la Agencia Tributaria. Su director, Jesús Gascón, ya abrió la puerta a esta posibilidad hace unos días. Por tanto, desde mañana no habrá cita previa para acudir a oficinas de la Agencia Tributaria. Estas fuentes señalan que en su lugar, de momento, se ha potenciado la atención telefónica del servicio «Le Llamamos», para el que se puede pedir cita desde el 5 de mayo con las primeras citas telefónicas el 7. «Desde CSIF exigimos equipos de protección para todos los trabajadores/as, tanto en sus puestos de trabajo como en los desplazamientos, así como la realización de test masivos a todo el personal, incluidos los asintomáticos, y una desinfección regular de los centros de trabajo. Lamentablemente, hemos visto que los planes de reincorporación en la Administración General del Estado o en la Justicia, siendo ámbitos de gran afluencia de personas, tienes serias carencias», señalan desde CSIF. Se seguirá potenciando el teletrabajo siempre que sea posible. Este se podrá combinar con trabajo presencial, si es necesario, con rotaciones semanales, y se priorizará para el teletrabajo la situación familiar de los empleados con hijos a cargo o ascendientes. Además, en las situaciones que proceda, se podrá abordar la flexibilidad de la jornada laboral, aunque con la conformidad del empleado. De esta forma, según la hoja de ruta trazada por el Ministerio, se incorporarán poco a poco las personas imprescindibles para los servicios regulados en dichos escenarios. No podrán volver aquellos que estén en situación de incapacidad temporal por el coronavirus, aquellos que tengan síntomas de ello, los que hayan estado en contacto estrecho con contagiados y los grupos vulnerables. «Es un acuerdo muy garantista, que prioriza la seguridad y salud de los empleados empleados públicos al tiempo que asegura la adecuada prestación de servicios de la Administración a la ciudadanía», reflexiona Carlos Álvarez, secretario federal de AGE de UGT. Impacto sobre las oposiciones En cuanto a las pruebas de selección de personas, en ofertas de empleo público y oposiciones, las convocatorias se podrán tramitar con caracter ordinario en cuanto finalice la suspensión de plazos administrativos que rige mientras dure el estado de alarma. Las convocatorias masivas, eso sí, seguirán en el aire. «El órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer la celebración de pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva por el tiempo imprescindible, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos», señala la resolución. En aquellos casos de fases avanzadas que se puedan desarrollar de forma telemática, se abre la posibilidad de que se celebren «Quedan exceptuados aquellos procesos selectivos relacionados con las medidas adoptadas para la contención de la COVID-19, los que puedan celebrarse por medios telemáticos y aquellos que se encuentren en fase de concurso o cuyo sistema selectivo sea el concurso. Igualmente se procurará articular los medios de carácter telemático necesarios para la realización de los ejercicios que se encuentren en su fase de lectura presencial de carácter individual por parte de la persona candidata», recoge la resolución.
FUENTE DIARIO ABC: