Ricardo Jaime “se encuentra condenado por hechos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos respecto de los cuales el Estado Argentino ha suscripto instrumentos internacionales para investigarlos, erradicarlos y combatirlos”, expresó
la Cámara de Casación cuando rechazó concederle la prisión domiciliaria -impulsada por el Gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos- al ex secretario de Transporte K. Esta semana, Jaime informó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que no pedirá más por la morigeración de su detención, sino que “lucharé por inocencia”, al señalar que la tragedia ferroviaria de Once “fue un sabotaje contra el gobierno de Cristina Kirchner”.
Pasó una semana desde que el máximo tribunal penal del país, con una dura resolución, le negó -una vez más- el arresto domiciliario. En esta última oportunidad, su pedido fue apoyado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. En sus argumentos remarcó que se trataba de un preso de riesgo en el marco del Covid19,y que el Estado no quería terminar siendo responsable si algo le ocurría.
Los argumentos fueron refutados por la Casación: “no se alcanza a comprender cuáles son los derechos que se le estarían conculcando a Ricardo Jaime y que podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado Argentino”, señalaron sus jueces. Y recordaron al gobierno que el hecho de que Jaime deba cursar el encierro “propio de la ejecución de una pena privativa de la libertad, no implica que se le esté cercenando derecho alguno, sino el cumplimiento de una sentencia condenatoria realizadora del poder punitivo del Estado”
Esta semana, ante el TOF 2 que condenó a Jaime por Once, su defensa presentó un escrito planteando que el ex secretario de Transporte “se desinteresa de proseguir alegando sobre la prisión domiciliaria que tramita en este legajo o en cualquier otro, porque no es tarea ni responsabilidad suya decidir como el Estado debe tutelar su derecho a la salud y a la vida”.
Entonces, informó que sólo se abocará a pelear por la condena que pesa sobre él. El ex funcionario fue condenado por administración fraudulenta y estrago culposo, y esa sentencia fue confirmada por la Casación: “no puede soslayarse su participación en delitos cometidos en carácter de funcionario público y que han tenido, entre otros resultados, la muerte de más de medio centenar de personas”. Además, afronta otras dos condenas por aceptación de dádivas y sustracción de pruebas.
Su defensa señaló que Jaime “persistirá para que se abra la Queja presentada por su defensa ante la Corte, para que revise la sentencia y oportunamente lo absuelva en esta causa conocida como ‘la tragedia de Once’”.
En este punto, sostuvo que ese choque “fue un sabotaje contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ordenado por quien o quienes tuvieron poder de obligar al conductor del tren, Marcos Córdoba, a que lo embistiera al ingresar a la plataforma, ya que como se probó en la causa, los frenos del convoy funcionaban y Marcos Córdoba actuó con total conciencia de lo que estaba haciendo”.
Por ello, en el escrito se indicó que el ex funcionario K “nunca renunciará a su derecho a obtener una sentencia justa que valore las pruebas de los hechos del sabotaje tal como son. Pues la mentira no es comprobable. Pero la verdad tiene su forma de prueba” y apuntó de nuevo contra el motorman: “Son hechos probados que Marcos Córdoba chocó el tren con intencionalidad y cumpliendo órdenes“. Finalmente, sostuvo que a él como ex secretario de Transporte “se lo involucró en la causa por quienes dieron esas órdenes y causaron la mayor tragedia en la historia de los ferrocarriles argentinos”.
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Clarín
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