La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de excarcelación de un acusado de narcotraficante y de prefectos imputados de extorsionar contrabandistas, en otra decisión tomada en forma remota.
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Por un lado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, declaró el jueves inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario que rechazó el pedido de la defensa de excarcelación o detención domiciliaria de un imputado por narcotráfico.
Por otro lado, la misma sala del máximo tribunal penal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de San Martín que había denegado la excarcelación a Mario Daniel Iorfino.
En el primer caso, se atribuye a Aldo César “Totola” Orozco haber sido el organizador de una estructura criminal destinada al tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte y comercialización, en la que tuvieron intervención más de tres personas de manera organizada. La causa se encuentra elevada a juicio.
La defensa no alegó circunstancia alguna, más allá de la alusión a la emergencia sanitaria por el COVID-19, que permita reevaluar la detención cautelar. La causa se encuentra elevada a juicio.
Además, el imputado registra dos condenas a 4 y 12 años de prisión respectivamente, ambas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en un caso como autor y en el otro como organizador.
En el segundo caso, el de Iorfino se encuentra requerido a juicio, junto a integrantes de Prefectura Naval Argentina, por los delitos de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad coaccionante agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos pertenecientes a una fuerza de seguridad y por el empleo de armas de fuego, ambos en concurso real.
Durante la investigación se verificó que los imputados, abusando de la condición de integrantes de la fuerza de seguridad, recababan información de personas que presuntamente se dedicarían a comercializar estupefacientes y/o cometer diversos delitos, ingresaban en forma ilegal a sus domicilios y les exigían dinero o el material prohibido mediante extorsión a cambio de no hacer las denuncias.
Los camaristas tuvieron en cuenta la naturaleza y la gravedad de los delitos que se le atribuyen al imputado y el estado procesal de las actuaciones principales.
La decisión fue dictada de forma remota y suscripta mediante firma digital y electrónica gracias a las numerosas decisiones plasmadas mediante Acordadas, resoluciones y protocolos internos, dictadas por la propia C.F.C.P. y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio de las cuales fueron ajustando su funcionamiento a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (Decretos 260/20, 297/20, 325/20, 355/20 y 408/20), con el objetivo de seguir garantizando la prestación del servicio de justicia y cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional.