En medio de un clima de tensión, este jueves en la Capilla del penal de Devoto el Gobierno y la Justicia retomarán las negociaciones con los presos que buscan morigeraciones de sus
penas o conseguir domiciliarias por la pandemia de coronavirus.
Con el plazo de negociación vencido, el encuentro asoma tenso ya que el Gobierno avisó que no reducirá penas, que era uno de los principales pedidos de los detenidos que se amotinaron el viernes pasado. En el punto cuatro del documento que firmaron los internos con las autoridades del Gobierno para levantar el motín figuraba la “compensación y la conmutación de penas”.
En el oficialismo empezaron a dar señales directas de que no reducirán penas luego de las críticas que recibieron desde la oposición e incluso de aliados del Gobierno por la posibilidad de liberar presos.
Ayer, el presidente Alberto Fernández en una serie de tuits en las que se mostró en contra de liberar a quienes han sido condenados. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, escribió. “En Argentina la solución del problema está en manos de la tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”, agregó.
En la mesa de negociación, en principio prevista para arrancar a las 10 de la mañana de este jueves, se sentarán por parte del Gobierno el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, un hombre cercano a Cristina Kirchner.
Por el lado de la Justicia estará sentado el camarista Gustavo Hornos. La Cámara Federal de Casación había recomendado a los tribunales inferiores que acepte los pedidos de prisiones domiciliarias para presos que cometieron delitos no violentos.
La tercera pata, la de los presos, estará representada por Guillermo Álvarez. Apodado “El Concheto”, está condenado a prisión perpetua por matar a cuatro personas.
La polémica por las liberaciones de presos generó todo tipos de enfrentamientos dentro del oficialismo. El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, salió a condenar las liberaciones. Pero otras voces cercanas al oficialismo, como la del juez Eugenio Zaffaroni, la apoyaron.
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