Coronavirus en Argentina: polémica por las aplicaciones oficiales para rastrear ciudadanos

movimiento de la gente a través del teléfono celular. En Tierra del Fuego se está escribiendo uno de los capítulos más polémicos en torno a la app oficial TDFUnida, que permite geolocalizar a los habitantes fueguinos y registrar con un semáforo si cumplen los horarios de salidas permitidas. Mientras que la Agencia de Acceso a la Información Pública estableció que este tipo de aplicaciones que controlan la ubicación de los usuarios sólo pueden usarse de manera voluntaria, con el consentimiento expreso de los usuarios. 

Es que a nivel nacional se plantea la geolocalización de los ciudadanos, a través de la nueva versión de la aplicación CuidAR, que el Ministerio de Salud lanzó para que la gente pueda hacer el autotest del coronavirus. Pero que además permite a la Jefatura de Gabinete controlar online dónde está la gente, por mecanismos de geolocalización, en lo que algunos especialistas consideran que podría darse un avance sobre los datos personales que recolecta y utiliza el Gobierno nacional.

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La app CuidAR es voluntaria, ya que no es obligatorio su utilización, excepto para los que ingresen al país, los portadores de virus Covid-19 y sus contactos estrechos. Sin embargo, aquellos que deseen hacerse el autotest y usar la nueva app, también podrán ser monitoreados por el Gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus.

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que está a cargo del especialista Eduardo Bertoni, emitió este miércoles un documento para definir claramente cuáles son los criterios que deben seguir las aplicaciones de geolocalización, como la fueguina TDFUnida y la nacional CuidAR, entre otras. Allí se establece que la “recopilación de datos de ubicación” sólo podrá hacerse cuando haya un “consentimiento libre, expreso e informado”, por parte de los ciudadanos que usen esas aplicaciones.

El organismo a cargo de Bertoni recordó que los datos recabados por organismos estatales por geolocalización deberán ser exclusivamente “en el ámbito de su competencia específica” y que cuando se pretenda hacer un “monitoreo” a gran escala, para saber cuántas personas se movilizaron por un territorio, eso debe realizarse disociando los datos, para no identificar a las personas. Además ese monitoreo “no puede ser extendido a otras finalidades que no se relacionen con mitigar los efectos del coronavirus Covid-19”.Y cualquier persona que considere que su privacidad o sus datos personales están siendo afectados puede hacer una denuncia ante la AAIP.

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El caso de Tierra del Fuego es el primero donde ya hay un conflicto político por la implementación de la aplicación TDFUnida. En una sesión especial, este martes el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por unanimidad un proyecto de Ordenanza que prohíbe la obligatoriedad de usar la app de geolocalización que lanzó el gobierno de Gustavo Melella, ya que imponer ese tipo de herramientas de manera “obligatoria y/o compulsiva” es inconstitucional y avanza sobre el derecho a la intimidad de las personas, señalaron los concejales.

“Hay una situación que se está dando a nivel mundial. Y tiene que ver con el mal uso de las tecnologías. Por esto, junto a mis pares, coincidimos en que no se puede obligar a la población a descargar una aplicación que va en contra de sus derechos y garantías”, dijo la concejal Laura Avila, de Ushuaia (Frente de Todos). Esa misma posición ya la habían planteado los Colegios de Abogados de Ushuaia y Río Grande, en Tierra del Fuego, así como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes plantearon la inconstitucionalidad de la obligatoriedad para usar esa aplicación impulsada por el gobierno fueguino.

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Desde el gobierno provincial aclararon: “Nosotros no vamos a seguir a los doscientos mil habitantes de Tierra del Fuego para ver dónde van, qué hacen, qué dicen”, dijo el gobernador Melella, en diálogo con Radio Perfil. Y agregó: “Esta aplicación nos permite tener una comunicación directa con el vecino para conocer su situación sanitaria, que es lo único que nos importa. Y también ayuda a la movilidad, para no tener que controlar los permisos con lápiz y papel. No va a ser obligatoria, hay vecinos que no tienen celular. Pero sí vamos a pedir que lo tengan, para ayudar a controlar los permisos de circulación. Pero si no la llegan a tener, de alguna manera nos vamos a arreglar”.

Por su parte, la radical Silvana Giudici, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones, planteó que los modelos de las ciudades de Valencia y de Wuhan sobre la utilización de aplicaciones de geolocalización para el trackeo de los contagios de coronavirus “nos dan una idea acabada de lo bueno o malo que puede ser la aplicación de la tecnología TIC (comunicaciones, Internet) en el control de la pandemia. La clave está en quién las utilice. Un Estado democrático protegerá los derechos y libertades de los usuarios, a través de garantías intensas sobre el anonimato de los datos y la preservación de la privacidad. Un Estado autoritario traspasará fácilmente esas barreras éticas, ya que en el recorte de la libertad individual está la naturaleza de su poder”.