El diálogo Bruselas-Varsovia sigue sin hallar resquicios para desencallar el conflicto en torno a la controvertida reforma judicial emprendida por el ejecutivo ultraconservador polaco. La respuesta a esa batería legislativa
—que entre otras cosas rebaja la edad de jubilación obligatoria de los jueces del Tribunal Supremo— considerada por muchos una clara afrenta a la independencia judicial, ha alcanzado este lunes un nuevo nivel: la Comisión Europea ha anunciado la apertura urgente de un procedimiento de infracción contra Polonia. Y este puede acabar llevando al gigante del Este ante el Tribunal de Justicia de la UE y suponiendo la imposición de sanciones económicas.
La polémica nueva ley, que entra en vigor mañana martes, supone la más que probable salida forzosa de 27 de los 72 magistrados antes de que finalice su mandato, debido a la reducción de la edad de retirada obligatoria. Entre ellos está su primera presidenta, Malgorzata Gersdorf, muy crítica con el partido del Gobierno, Ley y Justicia (PiS). Además, amplía el número total de jueces a 120, con lo que se estima que unos dos tercios de ellos podrán ser nombrados a dedo por el partido en el poder.
Bruselas insiste en que las medidas socavan la independencia del poder judicial e incumplen los tratados europeos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y ha dado un mes a Polonia para dar respuesta a la misiva de emplazamiento, el primer paso para iniciar un procedimiento que puede demorarse años.
El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Jacek Czaputowicz, reiteró este lunes que no abandonará la reforma de la justicia. El Gobierno ultraconservador y nacionalista del PiS insiste en que la reforma del sistema judicial es competencia exclusiva de los Estados. “Estamos dispuestos a demostrar eso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, trató de zanjar Czaputowicz.
La contestación interna y externa gana enteros cada día. En el ámbito doméstico, las protestas se han multiplicado en varias ciudades polacas, y algunos jueces afectados han mostrado su disposición a desobedecer tildando la norma de “inconstitucional”. Un elemento que agudiza aún más la polarización que vive el país desde que, tras ganar las elecciones en 2015, el PiS emprendió a fondo una deriva autoritaria que para muchos está haciendo peligrar el Estado de derecho.
La reforma de la justicia es solo el penúltimo capítulo de otras, como la del Tribunal Constituciónal, la ley que regula los medios de comunicación públicos, que ahora favorece su control político. En trámite están otras, como una gran reforma educativa. Además, este lunes se presenta en el parlamento una nueva propuesta para endurecer la ya draconiana ley del aborto que amenaza con impedir definitivamente a las mujeres acceder a esta prestación.
No es la primera vez que se intenta limitar la interrupción voluntaria del embarazo en el país del este de casi 40 millones de habitantes y que permite —en la teoría, porque en la práctica el acceso es dificilísimo— esta intervención en caso de violación, riesgo para la salud de la mujer o anomalías fetales graves. La nueva propuesta pretende eliminar esta última opción, casi la única que se practica: de los alrededor de 1.200 abortos al año que se registran en suelo polaco, un millar son por malformaciones fetales graves. Este lunes y mañana martes —cuando está previsto que se debata la propuesta de ley—, los colectivos de mujeres han vuelto a convocar protestas contra el cambio legal que supone un ataque a sus derechos. En octubre de 2016, una movilización masiva y la crítica internacional lograron que el Ejecutivo, muy ligado a la iglesia católica, aparcara su reforma.
Artículo 7
La apertura de expediente este lunes se suma a otros medios de presión utilizados por la Comisión para hacer cambiar de parecer a Polonia, hasta ahora sin éxito. En paralelo a este procedimiento, Bruselas activó por primera vez el pasado diciembre el artículo 7, un mecanismo que en teoría puede arrebatar a Varsovia el derecho a voto si no rectifica, si bien en la práctica se trata de una posibilidad remota dado que se necesita la unanimidad de los 28 Estados miembros.
Como consecuencia de ese denominado botón nuclear empleado por la UE, Polonia se convirtió el pasado martes en el primer Estado miembro sometido a un interrogatorio de sus socios en el Consejo de la UE. La audiencia se saldó con una nueva decepción, si bien los motivos para el optimismo eran ya escasos antes de esa suerte de juicio público: “No hemos visto nuevos pasos por parte del Gobierno polaco. No han informado de cambios más allá de los que ya han hecho”, aseguró entonces el vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans.
