Los sindicatos CC.OO. y UGT han denunciado este martes que continúa la escalada de la siniestralidad laboral en Castilla y León después de que en los tres primeros meses del año perdieran
la vida 18 trabajadores, una cifra que aumenta en diez respecto al mismo periodo de 2019, y ello pese al cese de buena parte de la actividad a mediados de marzo con el establecimeinto del estado de alarma. En el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las secretarias regionales de Salud Laboral y Juventud de CC. OO., Sheila Mateos, y de Salud Laboral y Política Social de UGT, Azucena Pérez, ha apelado a «aprender de los errores» destapados por la pandemia y «poner la salud labora donde le corresponde, como uno de los ejes de las políticas económicas y las relaciones laborales». Asimismo, han insistido en que se deben reconocer como accidentes laborales a efectos estadísticos y de ayudas, los trabajadores afectados por el coronavirus, más de medio millón en España. La secretaria de UGT ha lamentado que 18 personas hayan perdido la vida este año «por el mero hecho de ir a trabajar» y constatado que en Castilla y León se producen cada día 200 accidentes laborales y más de tres enfermedades profesionales. «Es una dura realidad», ha sentenciado, para precisar que en el número de fallecidos en la agricultura fue de uno, el mismo número que en 2019; en la industria alcanzó los cinco, cuando en 2019 no hubo ninguno; en la construcción fueron seis, frente a uno el año anterior; y en los servicios, tres cuando sólo se sumó uno en el ejercicio precedente. Asimismo, hubo tres in itinere, frente a uno en 2019. Sheila Mateos, por su parte, ha denunciado que la situación hoy es reflejo de las políticas de austeridad y de los recortes en prevención, donde «no ha habido inversión». Para CC.OO la crisis «ha desenmascarado que la prevención se aborda como un negocio, no como un derecho». «Los servicios de prevención han mostrado sus limitaciones para establecer las medidas para limitar la exposición al virus», ha comentado, para constatar además que «los servicios de prevención ajenos que utilizan las pymes, el 90 por ciento del tejido productivo, se ha limitado a la burocracia, a la documentación preventiva en vez de avaluar los puestos de forma fehaciente par evitar siniestros». «La salud no se vende se defiende. No se puede poner precio a la salud de los trabajadores, no se puede tratar como un negocio y la pandemia pone en evidencia la falta de prevención en las empresas», ha concluido.
FUENTE DIARIO ABC: