El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó ayer que está a la espera de recibir un informe para conocer en qué fase de tramitación se encuentran las sanciones propuestas en aplicación de
la Ley de Seguridad por saltarse el confinamiento y en qué medida se han notificado ya a los interesados. En respuesta a una pregunta formulada por ABC acerca de si los ciudadanos están pagando las multas impuestas o si están optando por recurrirlas de forma masiva, Marlaska indicó en rueda de prensa en La Moncloa que en todas las Delegaciones del Gobierno, instancia competente en esta materia, «se están estudiando los boletines de denuncia», pero que no contaba aún con un «estudio formalizado», que ha pedido. El número de propuestas de sanción elevadas por las policías y Guardia Civil se acerca ya a las 800.000, en un momento en que arrecian las críticas al Gobierno por aplicar una ley, la de Seguridad Ciudadana de 2015, que Pedro Sánchez prometió derogar antes y después de llegar a La Moncloa y que ha sido particularmente vilipendiada por su socio de coalición, Unidas Podemos. En la comisión de Interior celebrada la pasada semana en el Congreso, el ministro tuvo que escuchar duros reproches por el «abuso y uso arbitrario» de esta norma pronunciados por portavoces de los grupos que ayudaron a Sánchez a ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde Bildu, el diputado Jon Iñárritu se preguntó si la «ley mordaza» -en la denominación que utilizan las fuerzas de izquierda- iba a terminar llamándose «ley Marlaska». Las dudas y los plazos La controversia política está en marcha y también el debate jurídico sobre si se están sobrepasando los límites de la Ley de Seguridad al aplicarla, de forma que no se estuvieran protegiendo de forma suficiente a los ciudadanos ante la restricción de derechos del actual estado de alarma. La cuestión está ya en manos del Defensor del Pueblo. El Ministerio del Interior, frente a ello, insiste en que la regla de actuación está siendo la «proporcionalidad», al tiempo que recientemente difundió entre las Delegaciones del Gobierno una guía para unificar los criterios sancionadores en todo el territorio. Consecuencia o no de las dudas que se acumulan respecto a este régimen, lo cierto es que hay regiones como Madrid en las que no se ha notificado una sola multa y, según fuentes consultadas, no se hará al menos hasta el verano. Los boletines de denuncia que presentan los agentes se están revisando con detenimiento. No hay información acerca de que otras autonomías estén trasladándolas ya a los ciudadanos, más allá de casos puntuales como el de Málaga, cuya Subdelegación de Gobierno confirmó haber notificado casi 2.000 hasta el viernes. Nada lo impide. Si bien todos los plazos administrativos quedaron suspendidos a mediados de marzo, no ocurre así con los referidos «a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma», como es el confinamiento cuyo incumplimiento da lugar a estas multas. Por tanto, de recibirse la propuesta de sanción, está plenamente en vigor el periodo de 15 días habilitado para presentar alegaciones o bien para renunciar a defenderse mediante el pronto pago, que reduce a cuantía a abonar en un 50%. Es el mismo procedimiento que se sigue con las multas de tráfico. Entretanto, Moncloa facilitó ayer las cifras de las propuestas de sanción por Comunidades, que revela que, con 113.999, Andalucía está en cabeza, seguida de la Comunidad Valenciana (103.524) y de Cataluña, donde se han realizado ya 103.063 denuncias. En cuarto lugar se sitúa Aragón, que cuenta 102.296. A continuación figuran Madrid (88.905), Canarias (40.949), Castilla-La Mancha (38.419), Galicia (33.005) y Castilla y León (32.723). Por debajo quedan Extremadura (19.915), País Vasco (18.970), Islas Baleares (13.634); Cantabria (9.430), Navarra (8.596), Asturias (8.251), La Rioja (6.924) y, por último, Ceuta (6.099) y Melilla (2.497). En cuanto a las detenciones practicadas con arreglo al Código Penal, el puesto número uno lo ocupa Madrid, con 1.065, luego la Comunidad Valenciana, con 1.026; Andalucía (940), Cataluña, (690), y de nuevo Aragón (651).
FUENTE DIARIO ABC: