En el portón hay un cartel escrito a mano: “No recibimos visitas porque estamos cuidando a nuestra familia”. Desde fuera, la construcción en Santiago de Chile pareciera abandonada.
Sin embargo, adentro viven más de 20 personas, cada familia en una habitación. En el santiaguino barrio de Ñuñoa, entre edificios nuevos y otros en construcción, esta vivienda aún no ha sido demolida: es una casa okupa que sirve de refugio a estas personas ante el coronavirus en condiciones de hacinamiento.
Este tipo de viviendas se suman a los llamados cités (callejones con casa pareadas) y viviendas colectivas, más comunes en otros puntos de la capital, en donde suelen habitar los inmigrantes y en los que ya se han detectado varios casos de COVID-19 Wellington abre la puerta. Es dominicano y vive hace 8 años en Chile. Creyente, un rosario cuelga de su cuello.
Los niños corren por la casa mientras los adultos comparten la tarde en el patio. Las sillas están cojas, así que apoyan los respaldos en un árbol.
Al entrar, uno de los niños ofrece alcohol gel. No es la única medida de resguardo: ni los menores ni la única adulta mayor que ahí viven han salido de la vivienda en más de un mes.
“(Al principio) lo tomamos como algo pasajero. Cuando empezaron a caer (enfermos) en el país de uno fue cuando vimos que la cosa iba en serio”, explica a Efe Juan Carlos, un dominicano que hasta el brote de la pandemia en Chile trabajaba en una peluquería.
“En la peluquería dijeron que iban a cerrar porque estábamos en cuarentena. Yo no sabía qué era eso”, cuenta.
Fachada de una casa donde viven familias hacinadas con más de veinte inmigrantes al interior. EFE
María Elena es boliviana y pareja de Wellington. Trabaja como personal de aseo en un edificio. Como el andar en transporte público supone un riesgo de contagio, al llegar a la casa no se acerca a sus hijos hasta que se haya aseado. Ella tuvo la idea de poner el cartel como primera medida de protección.
Se hace de noche y suena una bachata. De repente llega una pedrada. Cae en el patio, cerca de Yuleisi, que está embarazada. Se escuchan tres o cuatro más. En la casa están seguros que las piedras son lanzadas desde los edificios cercanos.
“Queremos señalar nuestra profunda preocupación por todos los actos de discriminación contra inmigrantes que viven en situaciones muy complejas y que han tenido brotes de coronavirus”, señaló el pasado viernes el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich.
Un hombre camina frente a la fachada de una vivienda donde viven familias hacinadas con más de veinte inmigrantes al interior. EFE
Pese a que no es el caso, los habitantes de la casa cuentan que desde que viven en el barrio también los han acusado de robar una motocicleta y de vincularlos a un asalto ocurrido en el sector.
“Siempre piensan lo malo: que uno está traficando, que uno está matando, que uno está atracando”, afirma Yuleisi, quien en los 2 años que lleva en el país aún no ha legalizado su situación. Perdió su empleo como manicurista después del estallido social.
El COVID-19 no solo es riesgoso para quienes viven hacinados, también ha golpeado la economía: con Chile semiparalizado desde octubre de 2019, el empleo escasea. Wellington perdió su trabajo como maestro de cocina. Ahora vende agua en bidones.
“Con este coronavirus no hay dónde irse, no hay plata, no hay trabajo”, concluye. “Trabajo es lo que necesitamos”. A excepción de María Elena, nadie más cuenta con empleo fijo. El desempleo fue la razón principal de las familias para mudarse a la casa.
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Juan Carlos cuenta que llegó a la vivienda por unos chilenos que la habitaban previamente. “Yo fui buscando amigos que no tuvieran donde vivir, que no tenían trabajo”.
Con el tiempo los chilenos se mudaron, quedando solo los extranjeros.
“Uno reconoce que esto no es de uno, que tarde o temprano tenemos que salir. Pero ahora si nos despojan, ¿a dónde vamos a ir?”, reflexiona Juan Carlos.
“Yo agradezco (vivir aquí), porque yo pagaba 250.000 pesos (292 dólares mensuales) de arriendo”, cuenta Félix Antonio, dominicano radicado en Chile hace 3 años y pareja de Yuleisi.
“Es difícil para nosotros ganar más de 300.000 pesos ¿Cómo se vive pagando 200.000 pesos de arriendo?”, dice.
“Para las personas que están preocupadas por la situación de las casas okupa les informamos las gestiones que ha realizado la administración“. Así empieza un mail de la administración de uno de los edificios del vecindario.
El documento detalla que las administraciones de 3 edificios del barrio citaron al representante de la inmobiliaria dueña de los terrenos donde están las casas okupa.
“…(el representante) nos informó que se encontraban solicitando a la municipalidad la autorización para la demolición y luego posteriormente cercar el perímetro”, reza la comunicación.
No obstante, por la contingencia, el tema ha quedado “paralizado, hasta que podamos reiniciar todos los procesos nuevamente”.
“Yo le pido a Dios que si viene esa gente, que venga en un par de meses más, que no vengan ahora”, desea Wellington.
“Todos tenemos el temor al desalojo. Aquí nadie tiene 200.000, 300.000 pesos para irse”, agrega Félix Antonio.
Pasan las horas de la noche y siguen conversando. Los niños todavía juegan. Los días pasan, la incertidumbre queda y los habitantes de la casa esperan que las cosas mejoren antes de ser desahuciados.
María José Campano Abásolo. Agencia EFE
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