El documento ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y ahora debe ser tratado en Diputados.
Ante esa situación, varios gremios de la comunicación emitieron
Las asociaciones alegan que la ciudadanía tiene derecho a informarse y, por ello, el Estado tiene la obligación de hacer llegar la información al pueblo sobre lo que hace.
“La comunicación es tan importante como necesaria. Sirve para informar y también convencer al público a adoptar cambios de actitudes y comportamientos masivos. Los formatos consumidos hoy son incontables y es el público quien decide qué, dónde, cuándo y cómo consume la información”, expresa el comunicado.
Los gremios se preguntan cómo se va a comunicar los planes de Gobierno, fechas de pago de impuestos, licitaciones, programas sociales y otros, si no se invierte en el sector. Incluso, consideran que el planteamiento es incongruente atendiendo la necesidad de la comunicación.
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Si bien están de acuerdo con optimizar los recursos, las asociaciones rechazan que se elimine totalmente del presupuesto público todo lo que sea destinado a la publicidad estatal.
La nota está firmada por la Cámara de Teledifusoras del Paraguay (Catelpar), el Centro de Regulación, Normas y Estudio de la Comunicación (Cerneco), la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad (Apap), la Cámara Paraguaya de Estaciones de Radio y Televisión (Capert), la Cámara Paraguaya de Publicidad Exterior (Cppe) y la Asociación Paraguaya de Radio y Televisión Privadas (Aprap).
Comunicación es fundamental para el Estado
Manuel Peña, presidente de la Apap, comentó a Última Hora que para el Estado la comunicación es una necesidad fundamental y no se puede dar por sentado que la ciudadanía esté totalmente informada solo a través de un medio o plataforma.
“Estamos de acuerdo con optimizar los recursos, pero esto no se puede prohibir. Cualquier información que el Estado debe dar no puede llegar con comunicados o posteos, la comunicación no funciona así”, expresó.
El proyecto ahora debe ser analizado por la Cámara de Diputados y según comentó Peña, el sector estableció conversaciones con los parlamentarios a fin de manifestar la preocupación sobre el tema y llegar a un acuerdo.
“Vemos que hay predisposición, pero seguimos conversando”, agregó.
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Por otro lado, el empresario apuntó que un 8% del mercado de la comunicación está compuesto por lo que aportan las instituciones públicas del Estado.
El proyecto que recorta definitivamente los privilegios en el sector público y otros gastos superfluos fue aprobado con modificaciones durante la semana anterior en la Cámara de Senadores.
La intención de frenar los despilfarros en las instituciones públicas tuvo un apoyo unánime. Ahora, la Cámara Baja deberá tratar este martes en sesión extraordinaria el proyecto de ley en cuestión.