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El juez Moro dimite como ministro por las injerencias de Bolsonaro

Redacción TN by Redacción TN
24 abril, 2020
in Internacionales
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Sergio Moro, durante la conferencia de prensa de este viernes en Brasilia.El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pierde la pieza más preciada de su Gobierno. Sergio Moro —el juez anticorrupción que era el ministro más popular— ha dimitido este viernes por las injerecencias políticas del jefe del Ejecutivo.

 
 
Estas se resumirían en una frase de sus 40 minutos de discurso: “El presidente quería alguien (al frente de la Policía Federal) a quien poder llamar para pedir informaciones, informes de inteligencia”, algo inaceptable para un hombre que ha construido su carrera en la lucha contra la corrupción al frente las investigaciones del caso Lava Jato, según ha explicado en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en Brasilia. Los altos índices de popularidad que de manera sostenida le dan a Moro las encuestas lo confirman los muchos brasileños que suelen contar que solo votaron al militar retirado para presidente porque llevaba al juez al Gobierno para proseguir su cruzada contra la corrupción. La Bolsa ha llegado a caer el 7% mientras Moro comparecía.
 

En su discurso de despedida Moro ha defendido su integridad personal, los logros en la lucha contra la corrupción y contra la violencia, el Estado de derecho y la autonomía de las instituciones fiscalizadoras. Ha sido una intervención muy política en la que ha destacado que aceptó ser ministro de Bolsonaro para “profundizar en el combate a la corrupción”, un compromiso que ve peligrar desde hace un tiempo. El ministro saliente incluso ha subrayado que ni siquiera los Gobiernos del Partido de los Trabajadores, al que no ha mencionado, interfirieron con la autonomía de jueces y policías. También se ha referido a la pandemia del coronavirus, dejando claro que la considera un asunto grave que merece toda la atención de los gobernantes. “Busqué una solución para evitar una crisis política en plena pandemia”.

Moro amenazó este jueves con dimitir si Bolsonaro destituía al jefe de la Policía Federal, al que él mismo había elegido para el cargo, y no pactaban ambos el nombre del sustituto. Durante la noche el cese fue consumado. Y Moro solo lo supo cuando de madrugada fue publicado en el Diario Oficial de la Unión. Moro y el presidente habían tenido en los últimos meses varios enfrentamientos por el control de la Policía Federal. Al exjuez también le ha disgustado que Bolsonaro buscara en apoyo político de diputados condenados en algunos de los escándalos de corrupción que lo convirtieron en un héroe nacional mientras investigaba la Lava Jato, un megacaso que ha llevado a la cárcel a buena parte de la clase política y empresarial de Brasil y otros países latinoamericanos.

La decisión de Moro se produce en plena crisis del coronavirus, horas después de que Brasil confirmara una cifra de muertos récord y mientras la enfermedad se expande hacia el interior del país. La manera en la que el presidente aborda la pandemia, desoyendo activa y reiteradamente las recomendaciones sanitarias e insistiendo en la reapertura de los negocios, también molesta al antiguo juez. Brasil acumula 3.313 fallecidos por la covid-19, con 407 añadidos solo el jueves, y casi 50.000 contagios en un recuento que, según los especialistas, está muy por debajo de la magnitud real.

La vía de agua abierta por Moro es la más grave del Gobierno pero no la única. Bolsonaro preside, desde que asumió el poder, un Gabinete en las que varias almas conviven como pueden. Los choques entre los sectores técnócrata, militare e ideológico son frecuentes. Pero además en los últimos días el mandatario ha tenido enfrentamiento más o menos explícitos con el ministro de Salud, al que destituyó; con el de Economía, Paulo Guedes, el otro gran pilar de su Gobierno, y con los militares que se sientan en el Consejo de Ministros.

La participación del presidente en un acto a favor de una intervención militar organizado por bolsonaristas incomodó al sector de su equipo que procede de las Fuerzas Armadas y ha originado la apertura de una investigación de la Fiscalía. Cuando esta semana el Gobierno presentó una especie de Plan Marshall para afrontar el coronavirus la ausencia del superzar económico Guedes puso en evidencia las discrepancias sobre cómo afrontar la crisis socio-económica que ya ha llevado a Brasilia a pagar una renta mínima a decenas de millones de personas. Guedes, que se sumó al Gabinete Bolsonaro con la misión de reducir el Estado al mínimo, se ve ahora en una coyuntura en la que se multiplican los partidarios de fuertes inyecciones de dinero público para evitar una hecatombe.

El ultraderechista ya sufrió durante las últimas semanas el desgaste del pulso con el ministro de Salud aunque el efecto de aquel es pequeño con el que Moro supone. Bolsonaro finalmente destituyó la semana pasada al un médico partidario de las medidas de aislamiento que gracias a sus didácticas ruedas de prensa fue ganando popularidad y lo sustituyó por uno más afín.

La pandemia ha contribuido al aislamiento político de Bolsonaro. Frente a mandatarios de otros países que dejaron de minimizar la gravedad a medida que se acumulaban los casos, el brasileño vio cómo sus ministros más técnicos, incluido Moro, y los gobernadores se unían forjando un cierto consenso en torno a las cuarentenas como medida más eficaz para frenar la propagación.

En Brasil es incluso más difícil que otros países calibrar el avance de la epidemia. Un estudio de científicos brasileños estima que puede haber hasta 12 veces más casos que los diagnosticados. La falta de test, primero, y luego los problemas técnicos y logísticos para procesarlos impiden saber cuánto se ha propagado la enfermedad. En Amazonas y Ceará, dos Estados pobres donde la red sanitaria es frágil, las UCI están atestadas. De todos modos, algunos gobernadores han empezado a relajar las cuarentenas con la reapertura de centros comerciales o iglesias; las escuelas y los estadios permanecen cerrados por el momento. Las instrucciones para que la ciudadanía se quede en casa siguen vigentes en las dos ciudades más pobladas del país, São Paulo y Río de Janeiro, aunque ya sopesan planes de flexibilización.

elpais

 

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