La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto del delito contra la Hacienda Pública al empresario Agapito García, el español que más dinero debe al erario público, al considerar que la omisión en
la declaración de la renta de los impuestos que debía pagar por la venta de unas acciones no superaban el límite legal de los 120.000 euros. En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el tribunal considera acreditado que el empresario generó un incremento de 512.083 euros en su patrimonio con la venta en 2009 de acciones de Inversiones Intermarket Sicav luego no incorporadas a la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La operación conllevaba el pago de 92.116,60 euros a Hacienda, por debajo de lo establecido por el Código Penal, que fija penas de uno a cinco años de cárcel para un delito por el cual la Fiscalía solicitaba cuatro años para el acusado, además del abono de 4,7 millones de euros y una indemnización a las arcas públicas de un millón y medio por responsabilidad civil. Para la Sección 23 de la Audiencia, no queda en cambio probado que los préstamos por valor de 2.663.500 euros recibidos por Agapito García Sánchez de la sociedad Mirador de la Dehesa no hubieran sido devueltos ni que ocultaran unas retribuciones por rendimientos del trabajo y del capital mobiliario tampoco incluidas en la declaración de la renta. La Sala igualmente desestima que en las cesiones de deuda de las empresas citadas a Valores Pirineos 2 por 1.833.372 euros no ha quedado acreditada la forma de contabilizar la recepción de los activos y la identidad del deudor, en contra del criterio de las acusaciones. En cuanto a la posible prescripción de los hechos, la Sala afirma que no habían prescrito porque la admisión a trámite en el juzgado de instrucción de la denuncia presentada por la Agencia Española de Administración Tributaria se produjo con anterioridad a que transcurriese el plazo de cinco años de prescripción. Agapito García negó en el juicio, celebrado en enero, ser un defraudador a la Agencia Tributaria, a la que acusó de «arbitraria», de llevar 30 años persiguiéndole y de retorcer la legalidad. «Para mí, la Agencia Tributaria no tiene ninguna credibilidad», contestó ante las preguntas de la Fiscal. El acusado explicó que la declaración la hizo un asesor «porque era un tanto compleja» y que todo fue «lícito», aunque llevaba un tiempo «enfermo» y no tenía capacidad para gestionar. «El médico me prohibía, me dijo que no tomara ninguna decisión», detalló. «La Agencia Tributaria me ha triturado», insistió el empresario, que agregó: «Es voraz, brutal, devora al ciudadano». Estaba acusado de un delito contra la Hacienda Pública por defraudar 1.583.182,41 euros en concepto de IRPF en 2009. A 31 de diciembre de 2018 García era la persona que encabezaba la lista de morosos entre los que más dinero debían al erario público en España, con un total de 15.978.413,29 euros.
FUENTE DIARIO ABC: