Los decanos de Derecho de las once facultades andaluzas están muy preocupados por la evaluación final tras la suspensión de clases. Por eso han emitido un duro comunicado conjunto, en el que
se muestran en contra del aprobado general y piden un sistema que garantice que se evite el fraude. La iniciativa, encabezada por el presidente de los decanos de Derecho andaluces, el responsable de esta Facultad de la Universidad de Sevilla, Alfonso Castro, está firmado por los representantes de las facultades de Huelva, Almería, Málaga, Melilla, Córdoba, Granada, Jaén, Jerez (Cádiz), Pablo de Olavide y Loyola Andalucía. Todos ellos dejan claro que debe quedar abierta «la posibilidad de realización presencial de exámenes», de acuerdo con lo que establezca la normativa de cada universidad si lo permitieran las autoridades sanitarias en cada momento. En el texto se rechaza «de plano las propuestas provenientes de algunos sectores u organizaciones que pretenden la concesión de aprobados generales bajo fórmulas encubiertas, así como toda presión que pueda ejercerse al respecto». En este sentido se recuerda que el derecho de los alumnos a recibir su formación, adaptado a las nuevas circunstancias así como el derecho a ser evaluados con garantías ya no perder el curso son «prioritarios y deben ser absolutamente respetados». Acceso a las tecnologías Los decanos recuerdan que hay estudiantes con dificultades de acceso informático y creen que se hace necesario que todas las universidades andaluzas garanticen este acceso mediante planes de actuación idóneos. Según dicen, han observado que el personal de sus facultades se ha adaptado «con extraordinaria rapidez y eficacia» a las nuevas metodologías de un modo prácticamente generalizado. En cualquier caso recuerdan que la libertad de cátedra «»no es una declaración abstracta desprovista de contenido» sino un «un derecho ejercitable» y que no puede ser objeto de «ninguna distorsión directa o indirecta ni oponerse falazamente al derecho de los estudiantes». El comunicado insiste en que el ejercicio individual de este derecho «en modo alguno puede suponer una coartada para el incumplimiento de las propias obligaciones». Por ello se insiste en que es necesario poner a disposición del profesorado de modo real y efectivo los instrumentos y cursos formativos necesarios y las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo la docencia y la evaluación virtual del modo más idóneo posible. De hecho, recuerdan que no existe una sola metodología docente posible para afrontar esta situación, sino una pluralidad y que será el profesorado universitario el que deba configurarla y comunicarla a sus alumnos. Además los decanos expresan de modo muy particular su «preocupación» en relación con los sistemas virtuales de evaluación. Por ello solicitan «en aras del prestigio» de sus titulaciones la puesta en marcha efectiva de mecanismos técnicos de control que garanticen de modo real la viabilidad técnica y jurídica de los exámenes por vía telemática «sin que se produzcan fraudes en su realización». En cuanto a las prácticas externas, afirman que presentan una especial problemática y que algunas recomendaciones para completarlas con actividades complementarias no resultan lo precisas que hubiera sido deseable, por lo que piden que se apliquen medidas que permitan a los estudiantes graduarse en fecha. El próximo curso Además solicitan la puesta en marcha de planes de actuación para el próximo curso académica ante la «más que clara posibilidad» de que la docencia presencial pueda verse interrumpida en algún momento del curso. También recuerdan la inexistencia de alusiones a la conciliación familiar del profesorado y recuerdan que ni los derechos de los universitarios pueden ser vulnerados ni las funciones o competencias legales o estatutarias de los órganos administrativos y de gestión de las universidades pueden ser alterados.
FUENTE DIARIO ABC: